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A.ALVAREZ/REDACCIÓN - VIGO Horacio Gómez corre el peligro de pagar con su patrimonio personal parte de la deuda generada durante los últimos años de su mandato en el Celta. El ex presidente tendría que abonar más de 10 millones de euros a los acreedores si el juez lo considera culpable de la entrada del club en el proceso concursal y acepta el castigo que ha solicitado la Fiscalía.
La batalla judicial se plantea alrededor de la calificación del proceso concursal. La administración concursal lo etiquetó como culpable y responsabilizó a Horacio Gómez, Alfredo Rodríguez y el auditor José Manuel Patiño como cómplice. Pedían para ellos cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos. Uno de los tres administradores, Carlos Pérez Bouzada, emitió un voto discordante. A su juicio, el concurso debe ser considerado como fortuito.
El documento sobre la calificación del concurso llegó hace algunos días a manos de la Fiscalía para que ésta, a su vez, ofreciese su opinión al juez. El fiscal encargado del caso es Augusto Santaló. Éste todavía no ha entregado su propio informe en el juzgado, pero el contenido del mismo es rotundo en sus conclusiones. Santaló refrenda la culpabilidad de Gómez, Rodríguez y Patiño. Apoya a los administradores en sus principales tesis. Pero eleva sustancialmente el castigo para ellos que aconseja al juez. Para los tres pide diez años de inhabilitación para administrar bienes ajenos. Y añade que Horacio Gómez debería responder con su patrimonio de parte de las deudas que tenía el Celta.
Las fuentes difieren sobre la cuantía, aunque hablan de que Horacio Gómez debería pagar entre un 30 y un 35 por ciento de los créditos que quedaron impagados. El Celta aprobó un convenio con sus acreedores que planteaba diferentes modalidades de quita. Los que eligieron cobrar sólo el 15 por ciento en un máximo de 10 años recuperarían de esta forma hasta el 50 por ciento, perdonando la otra mitad; los que eligieron cobrar el 50 por ciento mediante un crédito participativo a 30 años, caso de Caixanova, si lo decide, con 6 millones, podrían recuperar hasta el 85 por ciento de lo que el Celta les debe, perdiendo sólo el 15 por ciento restante. El cálculo, en función de las posturas que han adoptado los acreedores en el convenio, eleva lo que Horacio Gómez tendría que desembolsar a entre 10 y 12 millones de euros.
Las diferentes partes implicadas aseguraron ayer que todavía no han recibido el informe del fiscal, en el que éste argumenta su decisión. Horacio Gómez y sus asesores, al igual que los dirigentes del Celta, prefieren aplazar cualquier valoración hasta que puedan estudiar de forma exhaustiva la opinión de Augusto Santaló.
En todo caso, la decisión final depende del juez titular del Mercantil número 1 de Pontevedra, el que tendrá que dar traslado a las partes, escuchar las alegaciones, fijar una vista y finalmente emitir una sentencia. El camino no concluiría ahí, especialmente si Horacio Gómez fuese declarado culpable y el juez lo sentenciase a hacerse cargo de esa cuota de la deuda. Es más que probable que el ex presidente presentase un recurso. El proceso podría alargarse durante meses o incluso años. Esto no implica necesariamente que Gómez esté protegido durante ese tiempo. En caso de fallar contra él, el titular del Mercantil podría ejecutar de forma provisional los daños y perjuicios de los que le hiciese responsable.
El Celta podría solicitar una indemnización
El Celta, si el juez condenase a Horacio Gómez a pagar parte de la deuda, se plantearía la posibilidad de demandar al ex presidente por daños y perjuicios. Al menos se les abriría esa posibilidad, aunque el asunto aún no ha sido tratado en profundidad por el consejo de administración.
La capitalización no se ve afectada en teoría
La decisión de la Fiscalía no afecta en teoría a la tercera modalidad que el Celta le planteó a los acreedores, que fue la conversión íntegra de su deuda en acciones. Estos, sobre el papel, no han perdido su dinero, sino que lo han convertido en títulos. No obstante, siempre cabe la posibilidad de que alguno de esos accionistas recurra, pues adoptaron la decisión cuando las otras alternativas de quita eran menos atractivas de lo que serían en el caso de que Horacio Gómez añadiese un 30 por ciento a lo que se recupera.
Diferente criterio entre Santaló y la administración
El fiscal, Augusto Santaló, y los administradores que votaron a favor de la calificación de culpable, Francisco Prada y José González, coinciden en su diagnóstico de lo que sucedió con el Celta durante los últimos años. Sin embargo, la administración concursal sólo pedía la inhabilitación en base al artículo 172 de la Ley Concursal. La gestión de Horacio Gómez no dañó el patrimonio del club. En cuanto a los acreedores, cuyos intereses sí se vieron lesionados, sólo tendrían derecho a daños y perjuicios si el club hubiese entrado en fase de liquidación, que no se ha producido. Santaló, sin embargo, entiende que la ley le faculta para exigir a Horacio Gómez que pague parte de los créditos que quedaron sin desembolsar.
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