Horacio basará su defensa en el voto discrepante de Bouzada

JULIO BERNARDO - VIGO El voto discrepante de uno de los tres administradores concursales del Celta sobre el papel de Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez en la situación de quiebra que llevó al club a suspender pagos en junio de 2008 servirá de soporte a la defensa legal del ex presidente y su antiguo director general, si el fiscal confirma como culpable la pieza de responsabilidad que desde el pasado viernes está en manos del juez.
La administración concursal calificó como culpable el concurso de acreedores del Celta y pide la inhabilitación por cinco años de los dos ex dirigentes celestes, así como de uno de los auditores de las cuentas, para ejercer cargos de administración y representación de sociedades por su responsabilidad en el estado de insolvencia de la entidad y la deuda generada, así como de irregularidades contables para enmascarar las pérdidas. El dictamen no ha sido unánime. Dos de los administradores, los economistas Francisco Prada y José González Vázquez, proponen la inhabilitación de Gómez y su antiguo colaborador mientras que el abogado Carlos Pérez Bouzada entiende que las irregularidades contables detectadas en la gestión del predecesor de Carlos Mouriño no son la causa del estado de insolvencia que condujo al club al concurso de acreedores.
En el escrito que acompaña a su voto particular, Pérez Bouzada argumenta que, con independencia de la existencia de irregularidades técnicas en la activación contable de jugadores o el incumplimiento de determinados principios del Plan General Contable, la principal causa de la quiebra procede de los malos resultados deportivos, en concreto, del descenso a Segunda División en la temporada 2007-08 sin que desde entonces el club consiguiese el retorno a Primera. Se hace constar que, pese al descenso, los actuales gestores del Celta mantuvieron una política de gasto similar a la de sus predecesores y señala que incluso en la primera temporada en descenso se incrementaron los gastos de personal en casi un millón de euros, de 16.864.567 a 17.792.459 euros. El pasivo acumulado en los dos primeros años de gestión de Mouriño (la diferencia entre lo ingresado y lo gastado) es, según detalla el escrito, de casi 27 millones de euros.
El voto particular discrepante hace referencia al incumplimiento de los antiguos gestores de la obligación legal de disolver la sociedad al venir funcionando ésta con fondos propios negativos desde de la temporada 2002-03. Se subraya que el actual consejo de administración también incumplió esta obligación, ya que funcionó en causa de disolución desde que Mouriño adquirió el club en mayo de 2006 hasta junio de 2008 cuando entró en concurso voluntario de acreedores ante su incapacidad de atender a los pagos.
El parecer de Pérez Bouzada contrasta, sin embargo, con el de sus compañeros de administración concursal, que consideran que la crisis financiera del Celta tiene orígenes más estructurales y anteriores en el tiempo al último descenso de categoría y deriva de una política disparatada de gastos sin que se hayan tenido en cuenta las limitaciones financieras que la sociedad podía soportar. Recuerdan, en este sentido, que la entidad venía funcionando con un pasivo de casi 70 millones desde la temporada 2002-03.