Un consejero en el aire

La presencia del grupo sindicado de acreedores en el consejo de administración del Celta está en el aire. Con la aritmética en la mano, la capitalización de deuda concursal por importe de 3,5 concede a la agrupación de ex jugadores el derecho a un sillón en el órgano de dirección del club. Sin embargo, una reclamación de Diego Placente, uno de los ex célticos sindicados, podría, si prospera, dejarles fuera de juego. La decisión está en manos del juez.

JULIO BERNARDO - VIGO La conversión de deuda en acciones elevará el capital social del Celta hasta los 23 millone de euros. La Ley de Sociedades Anónimas establece un reparto proporcional de los miembros del consejo de administración. El órgano de dirección del Celta es actualmente de siete miembros, con lo que el nuevo reparto resultaría de dividir el capital social entre el número de consejeros.
Con esta cuenta, 3,2 millones bastarían para garantizar un sillón en el consejo, salvo por un pequeño problema: la reclamación interpuesta por Diego Placente por una de las dos deudas que el club vigués mantiene con el jugador argentino.
Placente reclama dos deudas al Celta, una a través de la sociedad Play International B.V. por importe de 2 millones de euros y otra a su nombre por valor de 385.000 euros. Esta última la reclama el futbolista argentino contra la masa, es decir, como deuda postconcursal y, por tanto, generada después de que el club vigués entrase en concurso de acreedores.
Si prosperase la impugnación presentada por Placente, éste tendría derecho al cobro de la totalidad de la deuda, que ya no podría convertirse en nuevas acciones. En esta caso, al grupo opositor a Carlos Mouriño no le saldrían las cuentas para hacerse con una silla en el consejo. Diego Placente, con 2,38 millones, es el principal acreedor de este grupo, cuyo portavoz es el abogado vigués Pablo Viana, y en el que figuran también los ex célticos el brasileño Fernando Baiano (255.000 euros), el sevillano Fernando Sales (200.300) o el chileno Pablo Contreras (75.000). Otros futbolistas, como el madrileño Agustín García, Agus, formalizaron también su petición de convertir deuda en acciones, aunque no había tomado una decisión definitiva.
Varios de estos futbolistas capitalizarán la deuda a su nombre y esto supone un problema añadido porque la conversión de acciones tributa a Hacienda a través del IRPF. Y lo hace con el tipo impositivo más elevado, el 42 por ciento. Esta circunstancia podría propiciar que varios futbolistas se pensasen mejor la decisión de capitalizar la deuda.
La irrupción de Caixanova, que a última hora optó por capitalizar un crédito de 5,5 millones tampoco favorece los intereses del grupo opositor a Carlos Mouriño, ya que ha elevado el capital social del Celta por encima de los 23 millones y reducido notablemente sus opciones de forzar la entrada de un consejero que fiscalice la gestión del club.