La decisión ya está tomada. La junta de accionistas del Celta aprobará en diciembre próximo la reducción del capital social de la entidad en al menos un 50 por ciento. El capital social resultante de las capitalizaciones llevadas a cabo por el presidente (2,8 millones), Caixanova (5,5), el grupo sindicado de ex jugadores (3,6 millones) y otros acreedores de menor entidad que también han decidido acogerse a esta modalidad de cobro supera, los 23 millones de euros.
La Ley de Sociedades Anónimas establece que los fondos propios de la entidad deben constituir dos tercios del capital social. De lo contrario entra en causa de disolución. Antes de la ampliación, el club disponía de un capital de 9 millones y 6 millones de fondos propios. Tras el incremento, el Celta necesitaría elevar los fondos propios hasta 18 millones que no dispone para evitar entrar en causa de disolución. Ello obliga a una reducción de capital de al menos un 50 por ciento, es decir, a una depreciación de los títulos en más de la mitad.
El porcentaje de la rebaja está por decidir. El club estudia devaluar las acciones en más de la mitad. Esta depreciación la permitiría contar con reserva de fondos que le concedería mayor margen de maniobra en el plano económico.
Sin embargo, quedan aún muchos interrogantes por resolver. En primer lugar, el escenario accionarial podría cambiar antes del mes de diciembre, fecha prevista para la junta ordinaria de accionistas. La ampliación aprobada en la asamblea extraordinaria incluía la posibilidad de suscribir nuevos títulos a través de aportaciones dinerarias. Si el número de acciones alcanzase una cifra significativa, el reparto de la tarta accionarial se vería nuevamente modificado.
Por otra parte, una vez evitada la causa de disolución, el consejo de administración estudia la posibilidad de aprobar una nueva ampliación por capitalización de deuda a la medida del presidente, que convertiría en acciones todo o parte de la deuda postconcursal, es decir, el dinero que el mandatario ha prestado al Celta desde junio de 2008 y que asciende a cuatro millones de euros.
En definitiva, la última palabra en la situación accionarial del Celta está por escribir. De momento, la única certeza es que Carlos Mouriño mantendrá el pleno control sobre el futuro de la entidad.
