El Celta afronta un periodo decisivo para su supervivencia como entidad. Hoy se abre el periodo de impugnación de la lista de acreedores elaborada por los tres administradores judiciales. La jueza decidirá posteriormente si acepta las reclamaciones que se presenten en el plazo de diez días. El Celta necesita que cifras y porcentajes de deuda ordinaria y privilegiada se mantengan, pues es sobre lo que ha construido su plan de viabilidad. En Caixanova está la clave del proceso.

La titular del Juzgado Mercantil Número 1 ha emitido una providencia en la que comunica la apertura de un plazo de diez días para que los acreedores impugnen el listado de deudas. Hay ciertos matices. Se abre el plazo para aquellos acreedores que se hayan personado en el proceso con procurador y abogado. Es el caso de los principales, como Caixanova y la Agencia Tributaria. Para aquellos acreedores a los que se haya informado por carta de la cuantía y naturaleza de su deuda existen dos doctrinas diferentes. Unos expertos creen que el plazo para ellos se inicia a la recepción de la carta; otros, desde la publicación del listado de deudas en el Boletín Oficial de la Provincia. Para estos acreedores, el periodo podría concluir en dos semanas aproximadamente. Lo grueso, con todo, se sabrá en esos diez días.

Los acreedores, básicamente, pueden mostrarse disconformes con la cuantía de la deuda que los administradores han reflejado en su informe o con su catalogación. Un asunto igualmente esencial, ya que la deuda privilegiada se cobra íntegra pero su beneficiario no tiene derecho a votar y el de la ordinaria vota la quita que se proponga, que en el caso celeste es de hasta un cincuenta por ciento, y padece precisamente la reducción si es que se aprueba.

El Celta está en manos de sus dos acreedores principales. De sus casi 69 millones de deuda, 33 le corresponden a la Agencia Tributaria y 20 a Caixanova. Pero el papel de la entidad financiera es más importante porque tiene más deuda ordinaria (14 millones) que Hacienda (sólo 3). Caixanova sería la que más dinero condonase y de quien depende la aprobación del convenio según las cantidades registradas por los administradores concursales.

El consejo de administración de Caixanova, igual que los demás acreedores, debe decidir en estos diez días si acepta la "relación de créditos" que el abogado Carlos Pérez-Bouzada, el economista Francisco Prada Gayoso y el inspector de Hacienda José González Vázquez han redactado y con la que el Celta ha manifestado su conformidad. Esos números se ajustan al plan de viabilidad diseñado por la directiva celeste para garantizar la viabilidad del club.

Caixanova podría impugnar la cantidad, porque la considerase menor a lo que figura en sus propios registros. Es improbable, en principio. Lo que está en cuestión es si acepta que 14 de sus 20 millones figuren como deuda ordinaria. Podría solicitar que aumente el porcentaje de deuda privilegiada. En tal caso, y siempre que la jueza aceptase la reclamación, todas las cuentas célticas se vendrían abajo.

Todavía quedará un largo camino por delante cuando el plazo de impugnaciones concluya (y la jueza resuelva las que hubiese) hasta completar el proceso concursal con éxito o con la liquidación del club. No se decide ahora si el Celta vive para siempre; sólo si sigue viviendo hasta la siguiente fase. Pero la batalla inmediata es la más importante.