Horacio Gómez y los principales miembros de su equipo defienden la gestión que realizaron en el Celta durante las temporadas correspondientes a su mandato (2002-2006) que el informe concursal desmenuza. El ex presidente, sin embargo, prefiere aplazar su valoración pública durante algunos días. Los administradores, si bien se muestran muy críticos con las decisiones de la anterior directiva, entienden que no hay indicios de responsabilidad penal, en tanto que no hubo afán de lucro en las malas prácticas que afirman haber descubierto.

Horacio Gómez conversó ayer con varios de sus principales consejeros y colaboradores en sus tiempos célticos sobre el contenido del informe concursal. Sólo conocían el resumen ofrecido por las informaciones periodísticas. Eso les basta para constatar su desacuerdo, pero no para hacer manifestaciones públicas al respecto. El anterior consejo (excluyendo obviamente a Carlos Mouriño y Ricardo Barros, actuales presidente y vicepresidente) probablemente ofrezca una rueda de prensa dentro de algunos días, cuando dispongan de toda la documentación y sus abogados la hayan estudiado. Desde el entorno de Horacio Gómez explican igualmente su silencio en el respeto al luto de la familia Mouriño (por el fallecimiento del hijo mayor del presidente, Juan Camilo). Porque en su defensa habrá críticas hacia la actuación del actual mandatario desde que se hizo cargo de la entidad en mayo de 2006.

Con todo, el grupo de Horacio Gómez maneja ciertos argumentos básicos en su defensa, que ya esgrimió en la última asamblea general de accionistas. Donde los administradores ven prácticas "anómalas y heterogéneas" o "irregularidades" el ex consejo habla de actuaciones habituales en el mundo del fútbol; cuando se habla de una "política disparatada" de contrataciones, los anteriores dirigentes creen que era un endeudamiento de tipo medio en relación a otros equipos de Primera y siempre dirigido a mantener el nivel competitivo celeste. Porque en última instancia repetirán que ningún club ha tenido que recurrir al proceso concursal mientras militaba en la máxima categoría y en ella estaba el Celta cuando se produjo el relevo en la cúpula directiva.

Aunque sin entrar en los múltiples temas concretos que los administradores examinan, el grupo de Horacio Gómez sostiene que la gran diferencia entre la deuda que hoy se considera como real y la que ellos reconocían depende de la activación del valor de Borja Oubiña, algo que responde a su juicio a la lógica futbolística, y a la actas de Hacienda que están recurridas ante el Supremo. Cosas que también estaban reflejadas en el balance, aunque fuese como salvedades. "No hubo afán de ocultación de datos", indican.

Así que es cierto que cuadraron los números para evitar la situación de liquidación de la sociedad. "¿Pero y si liquidamos la sociedad y años después ganamos las actas de Hacienda?", argumentan.

En resumen, Horacio Gómez y sus consejeros respetan el dictamen económico de los administradores, pero como "diferencias de criterio" respecto a las que ellos aplicaban y no porque pretendiese maquillar de forma artera las cuentas del Celta. Para el anterior consejo de administración, los administradores no ha tenido en cuenta las circunstancias especiales por las que se rige el fútbol profesional.

Es su tesis, que ampliarán en profundidad si finalmente ofrecen una rueda de prensa. Mientras, los administradores, obviamente convencidos de la equidad de su dictamen, reconocen que no han detectado indicios de responsabilidad penal en la actuación de la directiva que presidió Horacio Gómez. Las malas prácticas se debieron a la intención de evitar la liquidación de la sociedad y no por afán de lucro, explicó ayer uno de los administradores, Prada Gayoso, en declaraciones a la Televisión de Galicia. Aunque la catalogación final de lo que ha sucedido depende de la jueza titular del Juzgado Mercantil Número 1 de Pontevedra. Y también de si el Celta se salva o desaparece, en cuyo caso habría que etiquetar la liquidación como fortuita o culpable.