Si la situación deportiva del Celta esteá este año más clara, la económica es mucho más incierta. Tanto que el club no sabe, hoy por hoy, se estará abocado a la desaparición. Todo dependerá de si la entidad celeste es capaz de llegar a un acuerdo con Caixanova - junto a la Agencia Tributaria, su principal acreedor- que permita la puesta en marcha del plan de viabilidad que prepara Carlos Mouriño.
Pero al margen de si el club es capaz de conseguir formalizar un convenio con sus acreedores, la vida económica del Celta estará sujeta a la supervisión de los tres administradores nombrados por la jueza: el abogado Carlos Pérez-Bouzada, el economista Francisco Prada y el inspector de Hacienda José González Vázquez.
El club, al haber solicitado de forma voluntaria el procedimiento concursal, mantendrá el control sobre la gestión deportiva, pero cualquier decisión que se tome podrá ser revocada por los interventores, que actuarán de forma colegiada. Esta circunstancia puede complicar notablemente la vida al club a la hora de cerrar futuras contrataciones, pues cualquier operación económica, por pequeña que sea, deberá contar con el visto judicial.
