El Celta está desde ayer bajo el control de los dos administradores judiciales designados por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra para supervisar el proceso concursal en el que se encuentra inmerso el club vigués.
El economista ourensano Francisco Prado Gayoso, y el abogado vigués Carlos Pérez Bouzada tomaron posesión ayer por la mañana en el juzgado de sus cargos de administradores y a partir de este momento supervisarán y fiscalizarán todas las operaciones económicas que lleve a cabo el club vigués. Este hecho es especialmente importante al encontrarnos en plena confección de la plantilla para la próxima temporada. Aunque desde el Celta se ha insistido en que el control del club sigue en manos del consejo de administración que preside Carlos Mouriño, lo cierto es que éstos no pueden cerrar ninguna operación sin el consentimiento de los administradores. Ayer mismo lo dejaba claro uno de ellos, el profesor de Derecho Concursal y economista, Francisco Prado, quien insistió en que su misión será la de interferir lo menos posible en la vida del club aunque también dejó claro que "a partir de ahora nosotros debemos dar la conformidad a cualquier operación económica que se lleve a cabo por el Celta, aunque sea de treinta euros". De algún modo esta circunstancia ya empieza a notarse. Hace sólo unos días el director deportivo, Ramón Martínez, anunció que a lo largo de esta semana se anunciaría la contratación de cuatro futbolistas más. Sin embargo, la vida dentro del club parece haberse detenido (no se ha producido más anuncio que el fichaje de Fajardo hace cuatro días y la venta de Canobbio sigue sin cerrarse definitivamente) y parece evidente que todo responde a la necesidad de poner al día a los administradores de las diferentes operaciones.
Los dos administradores, a los que se sumará en breve el designado por Hacienda, van a convertirse en personajes habituales dentro del paisaje céltico.Ayer mismo tuvieron los primeros contactos con los responsables del Celta para dibujar la situación y también para perfilar la forma de trabajar durante los próximos meses. En ese sentido los administradores insistieron en que su función les va a obligar a mantener contactos casi a diario con los responsables de las finanzas célticas.
Lo que sí se llevaron Prado y Bouzada del juzgado fue un importante lote de documentación que deberán comenzar a estudiar con calma para hacerse una idea de la realidad económica del club y decidir sobre su vialidad. Esos son dos de los aspectos sobre los que deberán pronunciarse en el dictamen que tienen que presentar en un plazo de tres meses si agotan los treinta días de prórroga que les concede la ley.
