Asimismo, las medidas cautelares, solicitadas por la Fundación y estimadas por el juez, ordenan a Tejedor y al consejo de administración que preside a permitir que la Junta General de accionistas, convocada para el 27 de junio, "se celebre con presencia de notario y se permita a la actora (la Fundación) ejercer todos sus derechos como accionista, incluido especialmente el de voto, que se deriven y sean inherentes a las 294.309 acciones de las que es titular".
Asimismo, el auto aplaza la suscripción de las acciones por los socios, que fue puesta en marcha para resolver temporalmente las dificultades económicas de la entidad, pero, por otra parte, también pospone la anulación efectiva de dicha ampliación de capital.
Lo que se pretendió con la ampliación fue sanear el patrimonio y subsanar la falta de liquidez pero, en caso de anularse, el desequilibrio aumentaría de nuevo.
El Estudiantes debe solucionar antes del próximo 14 de julio su situación financiera porque se encuentra en causa de disolución, es decir, que sus fondos propios están por debajo del cincuenta por ciento del capital social. Si los colegiales no reconducen sus cuentas antes de ese plazo, aunque consiguieran la permanencia, la ACB no les inscribiría en la competición.
La Fundación insta ahora a los accionistas, grandes y pequeños, a asistir a la Junta, que puede ser "fundamental" para el futuro del Estudiantes.
La no efectividad de la ampliación fue decidida por el Consejo de Administración esgrimiendo que no se había efectuado el desembolso exigido dentro del plazo estipulado en su día por la Junta de Accionistas, y que expiró el pasado 8 de abril.
El conflicto entre las tres partes en que está dividida la entidad del Estudiantes se planteó el pasado 15 de abril, cuando la SAD, que se encarga de lo relacionado con el equipo profesional de la ACB, acordó anular una parte de la ampliación de capital suscrita en el año 2005.
Las otras dos partes del Estudiantes son el club deportivo -epicentro de la cantera- y la Fundación -moderadora del conjunto-.
Esta última, que había sido la encargada de llevar a término dicha ampliación, decidió llevar a los tribunales al Consejo de Administración de la misma, porque aseguraba que la medida tomada es "ilegal".
Este asunto reviste gran importancia para el Estudiantes, ya que en función de la asignación de los títulos variará la composición del accionariado, lo que determinará el futuro de la entidad en los ámbitos patrimonial, financiero y deportivo.
Si prosperara la anulación de la parte dineraria de la ampliación, habría sólo 170.000 acciones, de las cuales 80.000 están en manos de Javier Tejedor, presidente del equipo profesional, lo que supone el 48 por ciento del capital.
Ante la permanente falta de acuerdo entre las partes en el seno colegial, sus respectivos representantes decidieron el pasado 21 de mayo nombrar un mediador que ejerza de árbitro para resolver el problema de la titularidad de las acciones emitidas en la ampliación de capital consignada ante notario.
