El club dispone de tres meses para llegar a un acuerdo con Caixanova

24.06.2008 | 00:00
Una imagen de los miembros del consejo de administración del Celta. / Lores Una imagen de los miembros del consejo de administración del Celta. / Lores

Si no logra formalizar el convenio de acreedores, se verá abocado a la desaparición

El Celta tiene tres meses para llegar a un acuerdo con Caixanova o deberá enfrentarse a la desaparición. Éste es el plazo que establece la Ley Concursal para que los tres administradores concursal que en breve designará el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra emitan su dictamen sobre el estado de la sociedad -el que establece el activo y el pasivo del Celta- y se formalice el convenio de acreedores, imprescindible para activar el plan de viabilidad previsto por el consejo de administración que preside Carlos Mouriño.
Para la firma de dicho convenio, la ley establece que el club debe contar con más del 50 por ciento de los votos favorables de los acreedores comunes, circunstancia que, por ahora, no se da. Si el acuerdo de acreedores no llega a producirse, se procedería a la liquidación de la sociedad y el Celta desaparecería. A ésta posibilidad es a la que se refería el alcalde, Abel Caballero, cuando alertaba la pasada semana sobre el riesgo de que el club celeste dejase de existir la próxima temporada, "si no se hacen las cosas bien".
Una vez quede establecida la junta de acreedores, la Ley permite una quita (liberación de la deuda) de hasta el 50 por ciento y concede una demora máxima de cinco años para saldar el resto.
El club puede presentar entonces un plan de viabilidad para hacer frente a la deuda pendiente, bien mediante el aporte de recursos (los 15 millones que prevé inyectar Mouriño), bien mediante los recursos económicos que se puedan generar durante el tiempo que dure el concurso.
La Ley Concursal admite la posibilidad de que el convenio de acreedores pueda presentarse de forma anticipada, una fórmula que facilita notablemente el proceso y que el Celta ha tratado de pactar, hasta el momento sin éxito, con Caixanova. Para ello debe contar con el visto bueno del 20 por ciento de los acreedores comunes y el estado de cuentas de la sociedad ha de coincidir posteriormente con el dictamen de los tres administradores concursales.
El Celta se ha visto obligado a acudir al proceso concursal sin un acuerdo previo con Caixanova para evitar denuncias por impago ante la AFE que, de no ser atendidas, acarrearían un descenso administrativo a Segunda División B. Al acogerse a la Ley Concursal de forma voluntaria, el club vigués no sólo elude tener que hacer frente de inmediato a la deuda con los jugadores, sino que conserva el poder de decisión sobre la gestión deportiva, bajo la supervisión del juez y de los administradores concursales.
Esto significa que el club podrá adquirir y vender futbolistas e incorporar jugadores. No obstante, cualquier operación que se realice en el futuro deberá contar con el visto bueno del juez, que podrá revocar cualquier decisión que considera inoportuna.
Pero el proceso no ha hecho más que comenzar. El primer paso, una vez que la solicitud, sea admitida a trámite, será el nombramiento de los tres administradores concursales: un abogado, un economista, y un representante de los acreedores, por lo general un auditor. Los tres que se designen deberán elaborar durante los próximos dos meses un informe sobre el estado de cuentas de la sociedad, que tendrá que ser publicado en el BOE en los 30 días siguientes. Una vez concluido este trámite, debe procederse a la constitución de la junta de acreedores.

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