El consejo de administración del Real Club Celta acordó ayer por unanimidad de los asistentes que el club acuda a la ley concursal para tratar de sacar a la sociedad de la grave crisis económica que atraviesa y que amenaza seriamente su supervivencia. El éxito de la operación depende en buena medida de la actitud que adopte el principal acreedor de la institución, Caixanova. El acuerdo con la entidad financiera todavía no está cerrado, aunque sí se encuentra avanzado y con sintonía entre ambas partes en los apartados de mayor calibre. De esta forma, los responsables celestes presentarán en un plazo aproximado de quince días los papeles necesarios para solicitar el proceso concursal ante el Juzgado de lo Mercantil.
Los dirigentes del conjunto vigués se reunieron ayer para dar el visto bueno a una operación que llega después de intensas negociaciones entre el club y su principal acreedor, Caixanova. El acuerdo, esencial para el plan de viabilidad preparado por el Celta, aún no está cerrado y la entidad financiera guarda silencio sobre el asunto. Restan flecos pendientes, aunque ninguno de ellos alude a lo grueso de la negociación y tienen que ver con "aspectos técnicos".
El presidente, Carlos Mouriño, y sus principales asesores económicos presentaron a otros componentes del consejo de administración las líneas maestras de ese movimiento estratégico destinado a solucionar a medio plazo (entre tres y cinco años) los graves problemas económicos que amenazan la supervivencia del club. Carlos Mouriño obtuvo la aprobación unánime de todos los presentes. Algunos abandonaron la reunión tras tratar el asunto principal, mientras que otros seguían debatiendo otros temas previstos en la agenda. El departamento deportivo también tiene que resolver puntos calientes de forma inmediata, como la contratación de un entrenador para el primer equipo. Pero nada tiene tanta prioridad como proporcionar al equipo la seguridad pecuniaria sobre la que edificar el próximo proyecto.
El Celta confía en que los plazos se aceleren a partir de este momento, se firme el nuevo acuerdo con Caixanova, y así presentar oficialmente la solicitud de ley concursal en el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra lo antes posible, algo que esperan se produzca en un plazo aproximado de quince días.
A partir de ahí, se pondría en marcha el proceso. El hecho de acudir a la ley concursal de forma voluntaria permitirá que los actuales directivos del club sigan participando de la gestión junto a los administradores judiciales.
De forma paralela, se activarían otros campos de acción. Si a Caixanova se le adjudica el papel de condonar parte de la deuda, al Concello de Vigo se le pediría que prorrogase por veinte años el convenio de cesión de Balaídos. El alcalde, Abel Caballero, ya ha mostrado su buena disposición condicionada a que el consistorio tenga capacidad de veto sobre posibles cambios de titularidad en la propiedad del Celta. Mouriño, por último, pondría en marcha la ampliación de capital aprobada por la última asamblea ordinaria de accionistas. Él mismo acudiría a ella e inyectaría quince millones de euros.
