En la noche del 18 de julio de 1936, horas después de la proclamación del estado de guerra en el Estado Español, un coche abandonaba, todo lo rápido que podía, Lugo. En él viajaba, el nuevo gobernador civil de la ciudad, Ramón García Núñez. Su destino estaba a unos 200 kilómetros al sur. Las carreteras, entonces, no eran las actuales y semejante desplazamiento suponía un esfuerzo brutal. De madrugada, García Núñez arribaba a Vigo y cumplía su objetivo, poner a buen recaudo la parte más comprometedora de la documentación del taller vigués de masones que, entonces, pertenecía a una gran logia del noroeste con sede en Asturias.
El episodio lo relata el historiador y profesor Lucio Martínez en su libro Medo político e control social na retagarda franquista, de (Xerais) donde destaca que el gobernador lucense destruyó los cuadros lógicos de los últimos años, con información detallada de cada uno de los hermanos de Vicus, donde él se había iniciado a la masonería. Su acto ayudó a algunos masones a ganar tiempo para huir.
Poco después, las fuerzas golpistas entraban en el local -agosto de 1936- y lo daban a conocer a la prensa pero sin tener nombres. Esto dio tiempo a otros talleres gallegos para que salvaran su documentación como fue el caso de Renacimiento en A Coruña.
No obstante, el nuevo aparato franquista sumó a su causa antimasónica al juez Colmeiro así como a Marcelino Ulibarri (encargado de recaudar toda la información sobre sociedades secretas en España) y, por supuesto, al jesuita antisemita y antimasón Juan Tusquets Terrats (1901-1998). Finalmente, los cuadros lógicos de los distintos talleres gallegos fueron localizados llegando los primeros asesinatos de masones, entre ellos, el gobernador civil de Lugo García Núñez que fue fusilado junto a otros junto al muro del cementerio en octubre de 1936.
En toda Galicia, los masones empezaron a ser perseguidos, extorsionados y encarcelados.
Uno de los masones gallegos de más renombre entonces era Manuel Portela Valladares (Pontevedra, 1867- Bandol, Francia, 1952), fundador del periódico El Pueblo Gallego que le fue incautado por los falangistas. Portela fue el gallego que más alto cargo ha tenido en las instituciones masónicas internacionales. Ministro y también presidente del gobierno en la II República huyó primero a Francia pero luego retornó a España para participar en las Cortes de Valencia. Al acabar la Guerra, escapó de nuevo al país galo donde acabaría siendo apresado por la Gestapo que se negó a extraditarlo a España, lo que le salvó la vida.
Importante también fue Santiago Casares Quiroga (A Coruña, 1884-París, 1950) quien fue el padre de la ilustre actriz María Casares y quien destacó por una carrera política que lo llevó en varias ocasiones a la cárcel por sus ideales de izquierdas pero que también lo convirtió en ministro de varias carteras e, incluso, presidente del Gobierno en la II República cuando impulsó la realización del referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de 1936. Su nombre simbólico como masón era Saint Just (San Justo).
Casares -según los datos de la Logia Renacimiento, de A Coruña- llegó a participar como miliciano antes de su exilio a París, desde donde pasaría a Burdeos (con la ocupación nazi) y, posteriormente a Londres para después retornar al París liberado. En 1941, sin pisar suelo español, fue condenado por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo a 30 años de reclusión que no cumplió.
Mientras Casares marchaba hacia el exilio francés, el artista y abogado laboralista Luis Seoane -también masón- permanecía escondido hasta que en septiembre embarcaba en Lisboa rumbo a Buenos Aires, ciudad en la que había nacido en el año 1910. Seoane pudo retornar a Galicia donde falleció en 1979.
Precisamente, fue en la capital argentina donde Seoane coincidiría con el escritor y periodista Eduardo Blanco Amor, el médico Gumersindo Sánchez Guisande y el periodista Ramón Rey Baltar (fundador de la Irmandade Galega de Buenos Aires, precursora de las que después se extendieron por otros países americanos) y Horacio Bermúdez Abente, entre otros. Este grupo fundó la logia Antolín Faraldo.
En Galicia, los masones que no pudieron huir se enfrentaron a la muerte -el gobernador civil de Ourense, Gonzalo Martín March fue ejecutado en septiembre de 1936- o a la inhabilitación (otra suerte de muerte social al tener su expediente 'manchado' por masón, necesario para pedir trabajo). En este grupo, se incluyen entre otros el industrial vigués José Gallo Peñalba, condenado en 1960 a 12 años de cárcel e inhabilitación permanente; el médico pontevedrés Amancio Caamaño Civadevila a quien le incautaron el sanatorio y una casa; el abogado pontevedrés Avelino Silva Güimil, con una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua.
Otros, vencidos por el miedo, optaron por sumarse a la posibilidad de retractarse con cartas públicas, lo que incluía siempre la delación de compañeros.
