La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, notificó hoy a todos los interesados la resolución de la caducidad de la concesión de Ponte Inferno, en el río Verdugo, en la que se establece el deber de la demolición de los elementos de aprovechamiento existentes en el río.
Según explicaron ayer en Augas de Galicia, mediante esta resolución concluye el expediente de extinción tras finalizar el plazo concesional del aprovechamiento hidroeléctrico de Ponte Inferno, implantado en el Verdugo en los municipios de Ponte Caldelas, Soutomaior y Pontevedra, una vez cumplido el trámite de audiencia a todos los interesados y de acuerdo a la normativa vigente y el interés general.
La resolución de extinción del derecho concesional firmada por Augas de Galicia, como organismo competente de cuenca de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, establece que el titular de la concesión queda obligado a demoler los elementos implantados en la zona de dominio público hidráulico del río Verdugo que conforman el aprovechamiento hidroeléctrico de Ponte Inferno, procediendo a su integración o demolición de aquellos implantados fuera de esa zona.
La concesionaria también deberá proceder a la anulación del desvío de agua hacia canal de derivación a la mayor brevedad posible, y en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de recepción de la notificación de la resolución de extinción del citado derecho concesional.
Asimismo, con el fin de iniciar la tramitación relativa a la demolición e integración de los distintos elementos del salto, la concesionaria deberá presentar en Augas de Galicia, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de notificación de la resolución, un documento técnico que describa y defina todas las actuaciones necesarias para la demolición de los elementos de la central hidroeléctrica que se encuentren implantados sobre el dominio público hidráulico.
Plazos
La titular de la concesión también deberá entregar la correspondiente documentación ambiental relativa a los proyectos anteriores, para el inicio de la evaluación de impacto ambiental de las diferentes actuaciones, según lo dispuesto en la normativa vigente, en el que se analicen los impactos potenciales que las obras pueden provocar sobre el medio ambiente y las medidas que se tomarán para su idónea protección.
Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, la concesionaria dispondrá de 18 meses para proceder a la demolición de las obras en dominio publico hidráulico y para las restantes obras que ordene Augas de Galicia.
