Los vecinos de Baíña se enfrentan a una nueva oleada de denuncias urbanísticas por parte de la familia de la ganadera en conflicto con la directiva de la comunidad de montes, Diana Pino. La empresaria anunció ayer que retomará la ofensiva contra las irregularidades que encuentre en la parroquia hasta que se la admita como comunera. Lo hizo después de un altercado que se produjo el sábado al comienzo de la asamblea de la entidad, en el que intervinieron la Guardia Civil y la Policía Local.
Diana Pino acudió acompañada de sus padres y dos hermanos para participar en la reunión, convocada en el colegio de Fontes, y mostrar la documentación que, según asegura, la acredita como comunera al vivir en la parroquia desde hace más de ocho años. Pero dirigentes del colectivo, que rechazaron ayer ofrecer su versión de lo ocurrido, le impidieron el acceso y llamaron a las fuerzas de seguridad. Los agentes la invitaron a abandonar el lugar y ella presentó una denuncia ante la Guardia Civil en la que acusa al presidente, Juan Domínguez, de agarrarle los brazos para evitar su entrada tras una "acalorada discusión".
La trifulca no ha hecho más que recrudecer un conflicto que comenzó hace diez meses. Diana Pino perdió un pleito contra la comunidad de montes y la sentencia le impide le pastoreo libre de sus vacas por la zona. Tras el proceso judicial recibió una nueva denuncia por parte de los comuneros por un muro supuestamente irregular y su familia se la tomó como "acoso". Así que decidió tomar represalias y emprendió una campaña de búsqueda de irregulares en las propiedades de los miembros de la comunidad. Interpusieron seis denuncias ante el Concello, la primera contra el centro cultural, que el Ayuntamiento ordenó cerrar el pasado julio, de ahí que la asamblea del sábado se desarrollase en el colegio.
Formularon las otras cinco contra miembros de la junta rectora y antiguos presidentes y dejaron las acciones en suspenso durante meses. "Ahora empezaremos de nuevo al no querer hacerme comunera", advierte la ganadera, que no descarta insistir en las irregularidades del centro cultural, cuya clausura ha dejado sin actividades de ocio y formativas a más de doscientas personas en la parroquia. La legalización del inmueble está en marcha en las dependencias del Concello, al que Pino acusa de "trato de favor" con la comunidad de montes.
