Las consecuencias de la amnistía catastral del Gobierno de España ya están en Nigrán. La regularización emprendida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en 2014 en todo el Estado para sacar a la luz los bienes inmuebles sin declarar llegó al municipio en 2016 y los técnicos de la Gerencia Territorial del Catastro en Vigo destaparon allí hasta 2.133 propiedades -viviendas nuevas, ampliaciones de casas o naves, piscinas, reformas y cambios de uso- ocultas. El proceso perdonaba la multa de 6.000 euros a los propietarios por no haberlos inscrito de forma oficial, pero ahora les obliga a pagar los recibos del IBI atrasados de los últimos cuatro años, el período legal de prescripción de las deudas tributarias.

Las cartas del ORAL, la oficina de gestión tributaria y catastral de la Diputación, han comenzado a llegar a sus domicilios y les dan un mes de plazo para abonar el impuesto con carácter retroactivo por 2014, 2015, 2016 y 2017. Todavía está pendiente el cobro de 2018, por lo que muchos de los afectados se enfrentan al desembolso de cinco recibos en un solo año. El "susto" supera los 2.000 euros en algunos casos, por lo que los afectados han comenzado a acudir al Concello para quejarse.

El asunto causó ayer revuelo político. El grupo municipal Nigrán Decide cargó contra el alcalde, Juan González, por haber manifestado públicamente hace dos años que el Concello no cobraría el recibo de la contribución con carácter retroactivo a los afectados por la regularización. "Non sabemos se o fixo por ignorancia ou con ánimo de enganar a veciñanza", indicó su portavoz, José Cuevas, que en todo caso siembra la sospecha sobre el gobierno municipal socialista. "Estimamos que o cobro destes catro recibos vai supoñer un aumento de ingresos para o Concello de 600.000 euros, que en ano preelectoral son fundamentais para facer inauguracións antes das eleccións", subrayó el edil, que exige un aplazamiento para que los afectados puedan ponerse al día en los pagos en los próximos cuatro años sin hacer frente a intereses.

El regidor asegura que el Ayuntamiento no solicitó en ningún momento al Ministerio de Hacienda la posibilidad de reclamar a los afectados el IBI con carácter retroactivo, sino que se opuso incluso a que se cobrasen 60 euros a los afectados por la inscripción de las propiedades localizadas en el Catastro. Sí se mostró en su momento favorable a la legalización de los bienes, recuerda, porque considera "necesario que todos os contribuíntes tributen en igualdade de condicións". "Pero esta regularización non debe converterse nunha persecución de pequenas construcións auxiliares na procura de novos pagadores. Non sería xusto nin comprensible que alpendres ou invernadoiros pasaran a ser motivo de regularización como se se tratase de edificacións estables", agregó.

En cualquier caso, González admite que el cobro de cuatro recibos de una vez "supón en moitos casos unha carga tributaria difícil de soportar", por lo que anuncia que se pondrá en contacto de forma inmediata con la Delegación del ministerio en Pontevedra "para que nos dea explicacións sobre o cobro con carácter retroactivo e da posibilidade de facer os pagos aprazados para minimizar a carga nos cidadáns".

Otros municipios que vivieron la misma situación con anterioridad, como el de Cangas do Morrazo, lograron el fraccionamiento del pago. El alcalde nigranés señaló ayer que se pondrá en contacto con su homólogo cangués para conocer los trámites realizados al respecto.