El alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, se enfrenta a una nueva denuncia ante la Fiscalía, en este caso la General del Estado. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha decidido tomar medidas judiciales contra 19 ayuntamientos de toda España por la presunta actuación obstaculizadora de sus regidores al no atender sus requerimientos y entre ellos se encuentra el gondomarés, según hizo público ayer la presidenta del PP local, Paula Bouzós.
La líder de los populares asegura que el expediente se abrió a raíz de una queja de un ciudadano que había recibido una multa de tráfico y pidió amparo. Así el organismo estatal solicitó información al Concello el 15 de marzo de 2016 "sin que desde entonces se le haya contestado".
"No se entiende este retraso en la respuesta a un organismo que vela por los derechos de los ciudadanos", manifestó Bouzós, quien recuerda que la Ley Orgánica 3/1981 obliga a contestar a las administraciones al Defensor. en caso de que esa respuesta no se produzca pese a haber sido reclamada en varias ocasiones, la normativa faculta a la institución estatal a declararlas "hostiles o entorpecedoras de sus funciones" y a ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales.
