El Concello de Gondomar ordenó ayer a la Policía Local precintar la estación de servicio de Vincios y requerirá a las compañías correspondientes el corte del suministro de luz y agua de la instalación. El alcalde, Francisco Ferreira, firmó la resolución ejecutada ayer por agentes municipales para cumplir con un reciente auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el mismo que ordenó cerrar el negocio hace tres años para dar cumplimiento a la sentencia firme de derribo dictada hace cinco por el Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal gallego ordenó al Ayuntamiento el pasado 31 de enero tomar las medidas necesarias para proceder al desmantelamiento de la estación de servicio y a impedir cualquier uso del recinto. Y es que tanto la orden de demolición del Supremo como la de cese de actividad del TSXG prohíben implícitamente cualquier actividad económica en el espacio. Pese a ello, allí se exponen vehículos de segunda mano, desde furgones a turismos de todo tipo, e incluso se anuncia su venta a través de internet con fotografías tomadas junto a los boxes de lavado, también clausurados por irregularidades urbanísticas, o con los surtidores de combustible de fondo.
Una patrulla de agentes municipales y operarios del departamento de Vías e Obras acudieron durante la mañana al establecimiento y procedieron a colocar los precintos, además de bloquear los accesos con vallas de hormigón para impedir el paso de vehículos. Los policías advirtieron asimismo al propietario de Combustibles del Noroeste S.A., de que cualquier rotura de los precintos podría acarrearle un proceso penal por desobediencia.
Las sentencias de demolición y cierre culminarían un proceso judicial de dos décadas emprendido en 1997 por la empresa distribuidora de combustibles tudense Sertuy por incumplimiento de la normativa de ubicación de este tipo de establecimientos, ya que deben instalarse a más de 150 metros de cruces de carreteras autonómicas o nacionales. La demanda incidía también en que el negocio de Vincios no disponía de los 2.000 metros cuadrados necesarios para construir la gasolinera y en que había desviado el curso del río Zamáns para edificar, en suelo rústico.
La gasolinera dispone de licencia municipal y el dueño ha reclamado una indemnización de 4,5 millones de euros a la Xunta y al Concello por los perjuicios económicos que le causa la situación. Ambas administraciones han tratado de evitar la demolición a través del plan sectorial de A Pasaxe, que legalizaría el negocio al incluirlo dentro del polígono industrial. Pero el desarrollo del proyecto urbanístico se retrasa y la justicia sigue su ritmo.
