El tradicional operativo de seguridad de la Festa da Arribada corre riesgo de verse reducido este año, cuando se conmemora el 525 aniversario de la llegada de la carabela La Pinta a Baiona con la primicia del Descubrimiento. El dispositivo para garantizar el normal desarrollo de una cita que atrae a más de 100.000 personas a la villa en un solo fin de semana suma cada año más de un centenar de efectivos de la Guardia Civil, bomberos, sanitarios y policías locales llegados de toda Galicia.

Pero en esta ocasión, la presencia de estos últimos podría limitarse a los que estén de turno, sin refuerzos. El conflicto laboral del Concello se ha enquistado y la mayoría de agentes municipales baioneses aprovechan la celebración de interés turístico internacional como medida de presión para lograr la ansiada aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y amenazan con no realizar horas extra los días 2, 3 y 4 de marzo. Incluso han solicitado apoyo a compañeros de otras localidades para que no acudan a la villa esos días.

Lo han hecho de palabra, vía redes sociales y correo electrónico, según admiten varios de ellos, hace dos semanas con la intención de presionar al gobierno local para que se dé luz verde a la RPT que equilibrará los sueldos a las tareas y responsabilidades de cada trabajador municipal y que supondrá una subida salarial generalizada de 300.000 euros en 3 años. Así lo asegura Joaquín Goce, policía y representante de la Asociación Sindical Independiente de Baiona (ASIB). En cualquier caso, asegura que sus compañeros, que habían renunciado a colaborar en la cabalgata de Reyes por este motivo, han accedido finalmente a cubrir horas extra tanto en el reciente desfile de Entroido como en la Arribada si el próximo martes, día 27, se produce un acuerdo para aprobar el citado documento laboral en la junta de personal "como muestra de buena voluntad ante los compromisos del gobierno".

Pero los polémicos mensajes entre policías han salido a la luz el pasado fin de semana. El sindicato CSIF los daba a conocer y exigía otra vez la dimisión de la teniente de alcalde, concejala de Cultura y Personal, María Iglesias, de sus funciones en el área de relaciones con la plantilla tras acusar únicamente a uno de los agentes, su marido, de enviarlos a través de chats privados de agentes. El representante de dicha central sindical, Jerónimo Fernández Vicente, aseguraba ayer poder demostrar la autoría de dichos mensajes aunque rechazó hacerlo. No obstante, afirmó que fueron remitidos por alguien denominado "Nacho 16" en la red y que el esposo de la concejala "es el único policía de Baiona que se llama así". Así que insiste en exigir el cese de Iglesias "porque no nos creemos que no sepa nada" de la situación. Por su parte, el agente aludido negó ayer la distribución de dicho llamamiento a compañeros y anunció medidas legales por "injurias".

Las graves acusaciones por parte del sindicato de funcionarios, llevaron ayer al portavoz municipal del PSOE, Carlos Gómez Prado a exigir explicaciones a Iglesias y a reclamar también su dimisión, como había hecho hace un año "por ser parte interesada no proceso da Relación de Postos de Traballo".

Y es que es precisamente esa RPT la que genera el conflicto. El gobierno ha reservado 100.000 euros en los presupuestos de este año para ponerla en marcha, pero el CSIF no está de acuerdo con el reparto del aumento de retribuciones, diseñado por una consultoría técnica externa, y plantea una propuesta alternativa, indica Jerónimo Fernández.

La ASIB, en cambio, sí acepta el planteamiento y acusa al mencionado sindicato de filtrar los mensajes con el objetivo de boicotear la aprobación del documento. "Utilizan acusaciones falsas contra un compañero para atacar a una representante política, torpedear la RPT y favorecer a un porcentaje mínimo de la plantilla que verá reducido su salario, funcionarios que hasta ahora se habían visto favorecidos por complementos específicos otorgados sin criterio objetivo en épocas pretéritas en función de su amistad con el alcalde de turno", argumenta Joaquín Goce.