Los vecinos de Chapela saldrán a la calle para exigir una solución a la pérdida de las tarjetas verdes del servicio de autobuses de Vitrasa a partir del próximo 31 de marzo, cuando dejarán de funcionar al ser sustituidas por la Pass Vigo, a la que solo tendrán acceso las personas censadas en la ciudad olívica. Esta es la conclusión a la que se llegó ayer en una larga y tensa asamblea de dos horas y media celebrada ayer en el Multiusos del Piñeiral, en la que hubo gente que se tuvo que quedar fuera de la sala por exceso de aforo.

La directiva del colectivo vecinal reclamó una vez más al alcalde redondelano, Javier Bas -presente en la sala, así como representantes del PSOE, AER y BNG-, que se siente a negociar de inmediato con el regidor vigués, Abel Caballero, para resolver el conflicto abierto entre ambos municipios por el transporte público. Además le pidieron que también implique a la Xunta para que asuma el importe de las bonificaciones, como administración competente en la materia.

Bas, que tomó la palabra en distintos momentos de la sesión, aseguró que ya trasladó su petición a Caballero desde el día siguiente al pleno en el que se adoptó este acuerdo -al pasado día 26-, aunque hasta el momento no obtuvo respuesta positiva. Sin embargo, insistió en que, según un informe jurídico del secretario municipal, no sería legal el criterio del empadronamiento que quiere imponer Vigo para dejar fuera a los vecinos de otros municipios, por lo que mantiene la vía judicial como una de las posibilidades para mantener las bonificaciones, al mismo tiempo que se mantiene abierto a negociar.

"Al igual que el juez paralizó el Área Metropolitana, ahora pretendemos que el juez establezca unas medidas cautelares que impidan la implantación de la tarjeta Vigo Pass hasta que no se resuelva el conflicto", apuntó.

Los vecinos, sin embargo, advirtieron que iniciar un contencioso no les vale puesto que la sentencia podría tardar años y, si el magistrado no dictara las medidas cautelares, los usuarios de Chapela tendrían que pagar el autobús a 1,35 euros, en vez de los 0.89 del coste del viaje con la actual tarjeta verde.

En este caso, el alcalde dejó abierta una tercera vía que consistirá en negociar con la Xunta que permita a Autos González ampliar su servicios en Vigo de manera excepcional.

Esta posibilidad también fue rechazada por los vecinos, ya que no tendrían los mismos servicios que con Vitrasa ni la posibilidad de trasbordo, por lo que le reclamaron que negocie con la Xunta el pago de la bonificación. El presidente del colectivo vecinal, Marcial Pérez, le pidió expresamente a Bas que le traslade al alcalde vigués esta propuesta, a lo que el regidor redondelano se negó manteniéndose firme ante postura de Caballero de discriminar por empadronamiento, "que es ilegal".

Así, los vecinos acordaron que la única opción que les queda es movilizarse en la calle.