El Concello de Gondomar debe retomar el concurso de puestos de la plaza de abastos donde lo dejó el pasado 25 de mayo. El alcalde, Francisco Ferreira, lo había paralizado el último día de plazo para presentar ofertas por los espacios de venta y la justicia acaba de anular su decisión. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo ha dado la razón a los cuatro aspirantes a locales vacíos del mercado que habían acudido a los tribunales para exigir la continuidad del proceso y condena al Ayuntamiento a "retrotraer el procedimiento de licitación al momento inmediatamente anterior" a la suspensión, además de obligarlo a pagar los gastos judiciales de los demandantes hasta un máximo de 350 euros.
La sentencia considera que Ferreira carecía de potestad para frenar el concurso público porque había delegado las competencias para adjudicar concesiones sobre bienes municipales en la junta de gobierno en julio de 2015. Por eso obliga al Ayuntamiento a corregir ese defecto de forma. No obstante, no entra a valorar el contenido del procedimiento administrativo, solo lo describe. Señala que la plaza de abastos está regulada por la normativa municipal aprobada en 2013, "en la que se previene que la utilización de los puestos solo es posible a través de concesión administrativa mediante procedimiento abierto". Hace referencia además a la disposición transitoria del citado reglamento local, "que recogía que se concederían nuevos títulos a todos los vendedores que ya desenvolvían su actividad en la plaza y cumplían con las condiciones fijadas en ese reglamento, fuera cual fuese el régimen contractual".
Brecha en el bipartito
El asunto de la regularización del mercado ha enfrentado a las dos facciones del bipartito gondomarés. Fue el edil de Comercio e Turismo, Xosé Antón Araúxo, de Manifesto Miñor, quien promovió la licitación pública de puestos y el alcalde socialista frenó la iniciativa de su socio ante las protestas de los placeros. Recientemente, el regidor ha emprendido un nuevo proceso de adjudicación directa de los espacios de venta a sus actuales ocupantes sin concurso previo, para subastar solo los que queden vacantes. Lo ha hecho en solitario y en desacuerdo con sus socios.
Así que la valoración del fallo judicial también difiere según a qué parte del gobierno se le pregunte. El alcalde le resta importancia porque considera que no afecta al nuevo proceso de adjudicación de puestos. La sentencia da quince días de plazo para presentar recurso, pero el Concello no lo hará. "Esperaremos a que sexa firme e paralizaremos de novo o concurso en xunta de goberno", organismo en el que anuncia que hará valer la mayoría del PSOE sobre Manifesto para seguir adelante con las concesiones directas. "O xuíz lexitima o procedemento porque menciona a disposición transitoria. Os praceiros teñen dez días de prazo para presentar a documentación e quedar coas concesións de dez anos e despois abriremos o concurso para os postos vacantes", reitera.
Por su parte, Xosé Antón Araúxo, apunta que la resolución judicial "demostra que o proceso era correcto e que, se non houbese interferencias, estaría todo regularizado na praza. Por esta perda de tempo non puidemos acceder a axudas para melloras dos mercados e isto causou prexuizos a todo o mundo". Manifesto no apoyará las adjudicaciones directas del alcalde. "Estamos aquí para que se cumpra a lei e para garantir a igualdade de oportunidades", recalca el edil, que acudió a la plaza durante la mañana de ayer para informar a los placeros de la situación. Los vendedores se reunieron por la tarde con el alcalde para pedirle explicaciones sobre el nuevo escenario.
