El conflicto de la plaza de abastos de Gondomar llega a los tribunales. El Concello se enfrenta a un juicio por paralizar el alcalde, Francisco Ferreira, el concurso público para adjudicar los puestos. Las únicas cuatro personas que presentaron ofertas para establecer allí sus negocios de forma legal han demandado al Ayuntamiento al considerarse perjudicados por la suspensión y reclaman ante el juez que el proceso continúe. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo ha admitido a trámite la denuncia y ha fijado la vista para el próximo 31 de enero.
El mercado municipal gondomarés abrió sus puertas en 1966 y su funcionamiento no se había regulado hasta 2013. La normativa aprobada por el anterior gobierno local del PP establece la necesidad de legalizar las concesiones a través de concurso público, aunque presenta una disposición que deja la puerta abierta a que los vendedores ya establecidos mantengan sus locales, sobre la que caben diversas interpretaciones.
En la actualidad, la plaza dispone de 29 espacios de venta, 13 vacantes y 16 ocupados al margen de la ley, a través de autorizaciones directas, alquileres y algunos incluso sin ningún título que acredite la ocupación. El reglamento indica que todos deben ajustarse a derecho antes del próximo marzo.
Ante la urgencia de regularizarlos que marca esta normativa municipal, el Concello sacó a concurso público 28 puestos el pasado abril. El proceso fue promovido por la Concellería de Turismo e Comercio, que dirige Xosé Antón Araúxo, que pretendía regularizar la situación y diversificar la oferta de productos. El alcalde lo respaldó y se puso en marcha.
Los vendedores se rebelaron porque veían amenazado su futuro. Consideraban que la subasta pública podía dejarlos sin empleo si cualquier aspirante externo ofrecía más dinero por sus locales. Tras recoger firmas y realizar varias protestas, lograron que el regidor suspendiese el proceso de adjudicación el último día del plazo de presentación de ofertas. Ferreira firmó una resolución para paralizarlo al considerar que podía causar desigualdades, ya que uno de los espacios quedaba al margen del proceso para licitarlo meses más tarde, tras la jubilación de su ocupante. Se enfrentaba así a sus socios de gobierno y abría una brecha en el bipartito.
En el momento en que Ferreira decidió frenar la licitación ya existían cuatro aspiraban a ocupar puestos libres. Tras desestimarles el Concello el primer recurso por la vía administrativa, han emprendido medidas judiciales. En su demanda, recalcan que el decreto de Ferreira es nulo porque consideran al alcalde incompetente para firmarlo, ya que delegó en la junta de gobierno las competencias para convocar o resolver licitaciones en junio de 2015. Indican al tribunal que la resolución no está debidamente argumentada y recalcan además que las bases del concurso favorecen a los actuales vendedores al otorgarles 15 puntos por la experiencia en mercados de abastos "para que podan continuar coa súa actividade".
Los demandantes no plantean reclamación económica. Su propósito se centra en la restitución del concurso público donde había quedado, así que será el juez el que determine si tienen derecho a indemnizaciones por daños y perjuicios o no.
