El dueño de los perros que atacaron a una mujer de 82 años en el Covelo permanece como investigado tras haber declarado por un supuesto delito de lesiones agravadas. En su comparecencia en los juzgados de Ponteareas negó que supiese que los canes fuesen de razas potencialmente peligrosas.

Según las fuentes conocedoras de la declaración, el único acusado por un delito de lesiones agravadas --penado con entre 1 y 3 años de cárcel-- admitió en sede judicial que los dos perros cruce de dogo de Burdeos y bóxer no estaban debidamente identificados con microchip, ni registrados en el Ayuntamiento ni tenían seguro de responsabilidad civil, condiciones todas ellas a las que obliga la normativa vigente.

Sin embargo, en su declaración judicial --que tuvo lugar el pasado lunes día 27--, se escudó en que desconocía que los dos perros, cuyo ataque a la mujer de 82 años le causó lesiones graves incluida la amputacion de las dos piernas, eran de una raza potencialmente peligrosa y que, por ese motivo, no estaban al día los trámites burocráticos obligatorios.

Ampliación de la denuncia

La acusación particular ha pedido ampliar la denuncia a la mujer del acusado y a su suegro, ya que la casa de donde salieron los perros no está en Registro de la Propiedad a nombre del por ahora único investigado. Además, la familia de la mujer, que ya había manifestado en días pasados su intención de llegar hasta el final con la acusación, pedirá que se tenga en cuenta el "dolo", lo que supone una ampliación de las penas recogidas como mínimas en el código penal.

Todavía faltan pruebas por practicar en los próximos días, lo que determinará la decisión judicial sobre el alcance de las diligencias judiciales, así como si se extienden las investigaciones a otras personas inicialmente al margen de las diligencias policiales.

Para este tipo de animales, la normativa aprobada en octubre de este año en la Parlamento de Galicia estipula que deben estar identificados e inscritos en el registro municipal de razas potencialmente peligrosas en un plazo de 15 días posterior a la obtención de la licencia administrativa correspondiente para tener estos animales.

Asimismo, la ley también obliga a que circulen en las vías públicas atados con correa no extensible de menos de dos metros, con bozal homologado y adecuado para su raza. Además, prevé que habiten en instalaciones con medidas de seguridad que eviten su huida y el contacto con ellos, siempre respetando de todos modos su protección y bienestar.

Tras el ataque, ocurrido el pasado 4 de noviembre, los dos perros fueron retirados por miembros del Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) de la Diputación de Pontevedra, donde fueron puestos en cuarentena --siguiendo el protocolo-- y trasladados posteriormente a un canil interior.

Apenas tres días después, el también municipio pontevedrés de Mos registró un nuevo ataque de un perro de raza potencialmente peligrosa, en este caso un pitbull, a una mujer de 76 años. No obstante, el juzgado archivó las diligencias al tener los papeles en regla y haberse producido en el ámbito familiar (el suceso tuvo lugar en la casa de la madre del propietario).