El pleno de la corporación municipal de Gondomar aprobó, con diez votos a favor, solicitar a la Axencia Para a Legalidade Urbanística (APLU) y la Xunta de Galicia, que tengan en cuenta los daños de los incendios en los expedientes abiertos, incluso con amenaza de derribo, a varios vecinos por infracciones urbanísticas.
Antonio Araújo Quintas, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Gondomar y representante de Manifesto Miñor, criticó ayer a los partidos que votaron en contra indicando que el pleno "dejó claro, una vez más, cuáles son los intereses y las intenciones políticas de los grupos de la corporación a la hora de defender o de ayudar a resolver los problemas reales del vecindario, en este caso de los que fueron afectados por la ola de fuegos del pasado mes de octubre. Unos votando en contra (el PP) porque apuestan por el "cuanto peor mejor" a la hora de desgastar al gobierno municipal y porque ponen por delante de la defensa de los vecinos la obediencia ciega a los jefes del partido; y otros absteniéndose (CABE) porque viven totalmente fuera de la realidad política y social de Gondomar".
Araújo recuerda que en la moción de Manifesto Miñor no se pedía amnistiar urbanísticamente a nadie, sino que a la vista de una situación de catástrofe evidente, así reconocida oficialmente por la Administración del Estado y por el propio gobierno gallego, "se les ayude a las personas afectadas a resolver esta situación con más tiempo para tramitar las legalizaciones o agilizando los trámites que dependen de la Xunta como es el caso de las delimitaciones de núcleos que están en marcha".
