Los tres grupos de la oposición (PP, ACiP y EU) coinciden en culpar únicamente al gobierno de Ponteareas de que el municipio haya perdido una subvención de un millón de euros concedida por el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) para construir una red de distribución de calor con biomasa para dar servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a seis edificios públicos del centro urbano.
El plazo para tener la obra acabada finalizaría el próximo lunes, 20 de noviembre, pero el proceso ya está paralizado desde la semana pasada al no aprobarse en pleno su adjudicación por estar en contra toda la oposición de la tramitación llevada a cabo por el gobierno de este proyecto. No obstante, los tres grupos aclaran que están a favor de la realización de esta obra por ser positiva para Ponteareas.
PP, ACiP y EU apelan a un informe del ingeniero municipal que advierte que esta obra sería irrealizable en menos de un mes. De hecho, según informó ayer el Partido Popular en rueda de prensa, entre otros trabajos, sería necesario levantar las calles Redondela, Rosalía de Castro, Avenida Constitución o Vidales Tomé para instalar subterráneamente doble tubería, de agua fría y agua caliente, y el Concello pretendía hacerlo en menos de diez días alegando que, en caso de no acabar a tiempo, la responsabilidad sería de la empresa adjudicataria.
Todos los grupos de la oposición niegan haber puesto trabas a la tramitación del proyecto y recuerdan que esta subvención le fue concedida al Concello hace casi un año, en diciembre de 2016, si bien el gobierno local modificó su proyecto inicial en mayo de 2017 y no lo aprobó en pleno hasta agosto "aprovechando la ausencia de la secretaria por vacaciones", afirma el PP, quien explica que "el gobierno inició este expediente hace más de un año y ahora, a falta de diez días para su justificación, ni siquiera tenía adjudicado el proyecto de ejecución, paso previo para posteriormente convocar otro pleno y adjudicar las obras".
El PP explica que no quiso participar en "una adjudicación irregular" y hace referencia a un informe de la secretaria municipal en el que señala "la ausencia de un informe de la arquitecta municipal que justifique la excepcionalidad de la contratación conjunta del proyecto y ejecución de la obra, la falta de autorización de la Consellería de Educación para instalar depósitos en dos colegios, así como la decisión del alcalde de requerirle a una de las empresas el aval y la documentación, cuando eso es una competencia del pleno después de que se le adjudique el contrato, nunca antes".
Además, el PP, y también ACiP, consideran "irregular" que el gobierno quisiese adjudicar la obra a una empresa (LUCLIMAT S.L.) seleccionada en una mesa de contratación en la que sus dos miembros natos, secretaria e interventor, se abstuvieron y solo votó a favor el alcalde.
