Dos informes encargados por concejales de la oposición (AER, PSOE y no adscrito) a técnicos del Concello coinciden en que el edificio de Finca Puntela, en Chapela, no se ajusta a la licencia otorgada inicialmente en 1992. El exceso en la construcción fue el motivo de la paralización de las obras hace más de dos décadas, y la vuelta a la legalidad solo sería posible demoliendo los añadidos en esta estructura que afea el acceso a la AP-9.
La solicitud de informes a los técnicos municipales fue hecha por los ediles de la oposición tras el pleno de septiembre, en que se rechazó la moción de más de una decena de colectivos de Chapela para que el Concello estudiase la viabilidad de destinar el edificio a usos sociales. El PP apoyó dicha propuesta, acordada con anterioridad en el Consello Parroquial de Chapela, pero no salió adelante al estar el gobierno en minoría.
El informe de la aparejadora municipal indica que las obras no se ajustan a la licencia "en lo tocante a que se ejecutó un sótano de más" y a que el primer sótano, el semisótano y las tres primeras plantas tienen "una superficie mayor de la autorizada" ; el tercer piso "superando también la superficie autorizada para cubierta". Además existe una cuarta planta que "no cuenta con licencia alguna" y se modificó la "ubicación y trazado de la rampa exterior de acceso al garaje".
Por tanto, concluye el informe, "para legalizar la situación, habría que ajustar las obras a la licencia otorgada demoliendo los excesos ejecutados, devolviendo la rasante de la parcela y la rampa de acceso al garaje a la ubicación, forma y configuración recogida en el proyecto". También indica que para la legalización del segundo sótano "serían precisas autorizaciones sectoriales de Audasa, del Ministerio de Fomento y de Augas de Galicia".
Por su parte, el informe de la técnica de Administración General adscrita a Urbanismo afirma que "por cuanto el edificio no está rematado aunque lleve mucho tiempo parada la ejecución de obras en este", el expediente sancionador abierto en 1994 no ha caducado, "siendo una obligación para la Administración municipal adoptar las medidas de restauración de la legalidad urbanística".
En nota de prensa, AER señala que estos informes "vienen a ratificar los que ya existían en el Concello", y critica al alcalde Javier Bas y a la edil de Urbanismo, Carmen Amoedo, por "no preocuparse en ningún momento de la situación urbanística del edificio". El grupo de la oposición insta al regidor a "cumplir con sus obligaciones y dejar de enredar a los vecinos".
