Las opciones de mantener en pie el bloque de viviendas ubicado en el número 29 de la avenida Julián Valverde de Sabarís se agotan. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado en los últimos días al Concello de Baiona la demolición del inmueble, que alberga diecinueve pisos, muchos de ellos habitados, con sus plazas de garaje, además de cinco bajos comerciales en funcionamiento. El requerimiento responde a una sentencia, emitida por el mismo tribunal en julio, que anula cualquier posibilidad de legalizar el edificio después de casi dos décadas de proceso judicial.

La promotora Osyris Alba S.L. , la misma que llevó a cabo el polémico edificio ilegal de O Piricoto en Vigo, obtuvo la licencia municipal para construir el inmueble de Sabarís en 2001, tras aprobar el Ayuntamiento unos meses antes el estudio de detalle que le daba cobertura urbanística. Fue durante el mandato del exalcalde independiente Benigno Rodríguez Quintas.

Alfonso Vidal Guntín, propietario de la vivienda contigua, declarada bien de interés cultural por encontrarse dentro del conjunto histórico artístico de Baiona, emprendió entonces acciones legales, representado por el despacho de abogados Martínez Barros. El pleito llegó al Tribunal Supremo, que le dio la razón en 2010 y anuló tanto el permiso de construcción como el planeamiento aprobado ad hoc para levantar el inmueble. La sentencia obligaba ya entonces al Concello a demoler y confirmaba que el proyecto incumplía la normativa urbanística además de resaltar que no se había solicitado la intervención de la Dirección Xeral de Patrimonio pese situarse en un entorno protegido.

El TSXG requirió el derribo, aunque paralizó la causa para dar tiempo a la Administración local a buscar fórmulas para adaptar el bloque a la legalidad. No pudo ser. Además de saltarse la legalidad urbanística, el edificio excedía la edificabilidad estipulada. Así que el Ayuntamiento resolvió declararlo ilegalizable en 2013, ya en la etapa del exregidor popular Jesús Vázquez Almuiña, hoy conselleiro de Sanidade.

La constructora emprendía un segundo pleito contra dicha decisión municipal ante el TSXG para reclamar la legalización de la construcción. Pero se encontró con una primera sentencia desestimatoria en junio de 2016 y una segunda que confirmó el pasado julio la imposibilidad de darle cobertura legal conforme al Plan Xeral de Ordenación Municipal vigente.

El denunciante ha requerido la ejecución de la sentencia de nuevo y el alto tribunal gallego urge al Ayuntamiento la demolición mediante un auto firmado el pasado 4 de septiembre. Ocho días más tarde, el TSXG daba un plazo de cinco días al Concello para formular recurso contra la obligación de hacer desaparecer el edificio. Por el momento, el gobierno municipal mantiene el silencio. El alcalde, Ángel Rodal, se limitó ayer a afirmar que "el asunto se encuentra en período de alegaciones".