El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponteareas archivó la pieza separada del "Caso Patos" en Ponteareas, por la que estaban siendo investigados el exalcalde, Salvador González Solla (PP), y la ex teniente de alcalde y edil popular, Belén Villar -concejala de Hacienda entonces- por supuestos casos de Tráfico de Influencias, prevaricación administrativa, delito contra la Hacienda Pública y Falsedad documental.

El archivo se produce a petición de Fiscalía "porque los hechos investigados no son constitutivos de delito alguno", según consta en el auto.

El archivo de la causa se produce casi cuatro años después de iniciarse la misma con un registro por la Policía Nacional en el Concello de Ponteareas llevándose numerosa documentación, discos duros y el teléfono móvil de la teniente de alcalde. La relación de la teniente de alcalde con una de las empresas incluidas en la Patos (donde trabajaba), hizo que se investigase y de la numerosa documentación y grabación de llamadas telefónicas se dedujo que podría existir un caso y se abrió una pieza separada.

Pero el despliegue de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registrando el Concello y llevándose cajas, las declaraciones judiciales de Solla y Villar y otros cinco trabajadores y ex trabajadores del Concello implicados, durante estos años, se quedaron en que los hechos que se investigaban no son delito, tal y como mantuvieron los conservadores desde el principio.

Con la llegada al poder local de la izquierda en las pasadas elecciones, los dos políticos tuvieron que soportar también la personación del propio ayuntamiento en la causa como parte afectada.

Uno de los asuntos por los que se abrió la investigación fue la adjudicación de la gestión mantenimiento de la estación de tratamiento de agua potable a Aquagest, ampliando el contrato existente de la distribución. El Juzgado considera que los informes avalan la adjudicación.

De la misma manera, la realización de un sendero con una subvención que en principio era para realizar con personal municipal pero en la que se empleó también a dos empresas, no constituyó ninguna infracción penal.

También se demostró que no se habían justificado gastos ficticios de personal para el centro de día de Ponteareas e incluso que no existió una retirada de multa de tráfico a un particular (familiar de la concejala de Hacienda) e incluso un supuesto contrato sin seguir los procedimientos legales de una orientadora -se dedujo de una conversación- no fue tal, ya que, según el auto judicial "resulto designada la persona que había obtenido una mayor puntuación".