La negociación para dotar al Ayuntamiento de Ponteareas de un nuevo convenio colectivo está estancada desde julio. El sindicato CSIF atribuye al Concello su paralización y le exige que la retome en los próximos días. De no hacerlo, advierte que recurrirá a Inspección de Trabajo para que obligue al gobierno municipal a retomar el proceso, "bien de forma amigable o a través de una mediación o arbitraje", señalan desde el sindicato.
El Concello de Ponteareas cuenta actualmente con una plantilla próxima a los 200 trabajadores; de ellos, más de 150 son laborales y menos de 40 son funcionarios. Mientras no se aprueba un nuevo documento, las condiciones de los trabajadores laborales las establece un convenio colectivo datado de 1999.
Escuela infantil
Afectadas por la negociación del nuevo convenio colectivo están las educadoras de la escuela infantil municipal. Éstas piden que en el nuevo documento se les reconozca su categoría profesional de técnicas superiores de educación infantil y dejen de figurar como auxiliares de puericultura, categoría que se les exigía cuando abrió la escuela hace 25 años pero que ha quedado totalmente desfasada. Consecuentemente, la nueva categoría implicaría también un incremento de su salario. Su cuantificación económica, según CSIF, "estaría en torno a una subida de 2.000 euros anuales brutos por trabajadora, totalmente asumible por el Concello y sin tener que esperar a la justificación de siempre de que no hay Relación de Puestos de Trabajo, solo falta implicación política".
El sindicato CSIF afirma que el gobierno local "desde el primer momento se comprometió a solucionar este problema porque existe una sentencia judicial que le da la razón a las trabajadoras". Para ello, asegura el sindicato debe ser el gobierno, quien a través de la mesa de negociación, cree en el convenio colectivo la categoría de técnico superior en educación infantil e integre a todas las auxiliares de puericultura en esa categoría. "A las nuevas trabajadoras se les exige esa titulación para entrar pero en cambio se les paga por una categoría inferior", asegura CSIF.
Ante la falta de respuesta del gobierno, CSIF advierte que "lo sentimos por los niños y sus padres que no tienen culpa alguna pero igual tenemos que realizar movilizaciones serias para que se les haga caso".
