La Asociación de Vecinos de Chapela explicó ayer mediante una nota de prensa los hechos acaecidos el pasado lunes en el Consello Parroquial que acabó suspendiéndose ante la irrupción de decenas de ciudadanos en el local donde se celebraba. La AVV, a través de su portavoz Marcial Pérez, negó que hubiera "insultos ni amenazas" y atribuyó lo sucedido a la diferente interpretación del reglamento de Participación Ciudadana por parte del colectivo y por el representante de la Alcaldía en el Consello, el concejal del PP Miguel Álvarez Ballesteros.
El Consello Parroquial, que iba a debatir una propuesta de estudio de viabilidad para el edificio paralizado en Finca Puntela, a iniciativa de la Asociación de Afectados por la AP-9, fue convocado "con solo dos días de antelación, sin margen para que los colectivos pudieran reunirse y decidir sobre un punto tan importante".
La AVV señala que "como no podemos comprender que el gobierno municipal siga intentando legalizar y comprar este controvertido edificio, declarado ilegal, un grupo de vecinos nos presentamos como oyentes en el Consello Parroquia, para escuchar las razones esgrimidas".
Afirma el colectivo vecinal que "el presidente del Consello intentó impedirnos la asistencia, diciendo que no teníamos derecho, ya que habían aprobado que los consellos parroquiales fueran cerrados". La AVV sostiene sin embargo que en los Consellos a los que ellos asistieron "nunca se prohibió la asistencia de público sin voz ni voto, y durante años asistieron con voz los representantes de la Asociación de Afectados por la Autopista, sin tener representación oficial". Añade la AVV que la Lei de Administración Local de Galicia estipula que "serán públicas las sesiones de los órganos de participación".
Los partidos de la oposición defendieron la solicitud de asistencia, pero Álvarez Ballesteros decidió suspender la reunión.
La AVV de Chapela denuncia "estas actitudes oscurantistas y manipuladoras de los órganos de Participación Ciudadana, para intentar conseguir la legalización y compra de una aberración urbanística de hace más de 20 años".
