El Concello de Baiona decidió ayer poner fin a una cadena de errores que complicaron la entrega de alegaciones en su registro municipal y anunció un segundo plazo de exposición pública del documento de un mes que abrirá en cuanto lo publique el Diario Oficial de Galicia, en unos días. Primero admitió las presentadas de forma delegada, después cambió de opinión y exigió su registro en persona o con permiso por escrito. Los modelos de autorización que las funcionarias entregaron a los afectados dirigían, textualmente, las reclamaciones a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada e incluso facultaban a dicha institución a hacer uso de los datos personales. Así que los vecinos, "fartos de tanto mareo", decidieron desplazarse ayer a Vigo para entregar un total de 612 alegaciones en la Delegación de la Xunta. "Alí non nos puxeron problema ningún por presentalas todas xuntas e sen autorización", manifestaron.
