Con los votos mayoritarios de la oposición (PSOE, AER, BNG y edil no adscrito) y la abstención del PP, el pleno de Redondela aprobó una moción socialista que impide al gobierno local la compra de "ningún edificio o edificio en construcción que no se ajuste a la legalidad urbanística". El texto del acuerdo y el acalorado debate giraron en torno al inmueble inacabado sito en la Finca da Puntela, junto al acceso a la AP-9 en Chapela. La legalización de este ejemplo de feísmo urbanístico se planteó a través del Consello Parroquial como opción para albergar a los colectivos del barrio, que perderán una de sus principales sedes con las obras de la autopista y necesitan nuevos locales.
La propuesta partió de la Asociación de Afectados por la Ampliación de la AP-9, cuyos miembros estuvieron ayer en el pleno portando carteles en contra de los partidos de la oposición. El alcalde Javier Bas llamó la atención al público por interrumpir intervenciones.
El concejal socialista Leonardo Cabaleiro defendió la moción, que tachó de "obvia, pero nos vemos en la obligación de aclararlo" después de que el gobierno local se mostrarse dispuesto a estudiar la adquisición del polémico edificio.
El BNG responsabilizó al grupo de gobierno de "querer perpetrar una ilegalidad manifiesta"además de "enfrentar a los colectivos" y no buscar alternativas para sus sedes.
Por parte de AER se solicitó la inclusión de un segundo punto en la moción: que se retomen los expedientes abiertos en torno a este edificio, eje de polémicas en la política redondelana desde su inacabada construcción en los años 90.
La portavoz del PP Carmen Amoedo centró su discurso en los intentos de legalización de dicho inmueble durante los gobiernos del PSOE y BNG. "Lo llevaron en los dos planes generales fallidos", aseveró, para negar además que el edificio en cuestión estuviera relacionado con la moción de censura que en 1996 hizo alcalde a Amado Ricón.
Cabaleiro y Amoedo se enzarzaron en un cruce de reproches acerca de qué gobierno, el bipartito o el popular, ha defendido más a los vecinos de Chapela, así como sus respectivas actuaciones en materia de urbanismo. El socialista incluso advirtió que acudiría a la Fiscalía si no se le facilitaban expedientes solicitados donde "hay presunción de prevaricación", dijo.
El alcalde Javier Bas intervino para aclarar que "no hay ningún procedimiento de compra de ese edificio, hay una demanda vecinal para ver si hay esa posibilidad. El Concello no va a incurrir en ninguna ilegalidad y menos urbanística".
Sorprendida la oposición ante la abstención del PP, Amoedo la justificó así: "Este acuerdo no hay por dónde cogerlo, es evidente que el Concello no va a hacer algo ilegal".
