La oleada de denuncias urbanísticas emprendida por la familia de la ganadera Diana Pino contra la comunidad de montes de Baíña y sus integrantes, uno por uno, ya ha tenido consecuencias. El primer inmueble que las sufre, objeto de la demanda inicial de la familia, es el centro cultural, propiedad de la entidad. Después de trece años de funcionamiento como punto de encuentro vecinal, ha cerrado sus puertas por orden del alcalde de Baiona, Ángel Rodal, al carecer de licencia de actividad y encontrarse fuera de ordenación según el Plan Xeral.

El regidor ha firmado la resolución que paraliza la actividad del edificio por "imperativo legal", ante el expediente abierto por el departamento municipal de Urbanismo a raíz de la denuncia. En ningún caso se trata de un cierre definitivo, sino cautelar, "hasta que se resuelvan las irregularidades", explica Rodal.

La comunidad de montes guarda silencio. Su presidente, Juan Domínguez, rechazó ayer realizar declaraciones, aunque fuentes municipales indican que el colectivo debe presentar un proyecto de obras en materia de seguridad y accesibilidad para adaptar el edificio a la legalidad y obtener el permiso, además de agregar tres parcelas anexas a la del centro para disponer de la superficie requerida.

El alcalde asegura que los técnicos municipales agilizarán al máximo los trámites para legalizar el inmueble en cuanto los comuneros presenten la documentación. "Es un referente cultural en el municipio y colaboraremos para que lo siga siendo", señala.

La sociedad mancomunada obtuvo en su día el permiso de construcción del edificio, inaugurado en 2004 sin la correspondiente licencia de actividad. El terreno era entonces rústico pero Xunta y Ayuntamiento lo autorizaron por tratarse de un uso permitido en dicho tipo de suelo, según han explicado los abogados de la entidad. El PXOM actual califica el entorno como núcleo rural, por lo que los asesores consideran el inmueble "perfectamente legalizable".

El conflicto que ha desencadenado su cierre viene de lejos. La propietaria de la explotación de carne de vacuno en San Cosme de Arriba perdió a principios de año dos largos pleitos contra la entidad, cuyas sentencias, una de ellas recurrida, le impiden el pastoreo libre de sus vacas por los montes comunales. Poco después, fue denunciada de nuevo por el colectivo por la reconstrucción de un muro en su propiedad y sus progenitores se lo tomaron como un "acoso" hacia su hija, por lo que han decidido defenderla a golpe de denuncias y han contratado un equipo de letrados y arquitectos en busca de irregularidades urbanísticas por la parroquia.