La regulación laboral de los trabajadores -funcionarios y laborales- del Concello de Salceda no se llevará a cabo de momento. Tras el abandono de la mesa de negociación de la RPT (relación de puestos de trabajo) por parte de los sindicatos, el gobierno local ha decidido dejarlo sobre la mesa, ante la falta de garantías de que su propuesta sea aprobada en el pleno municipal, donde Movemento Salceda no cuenta con mayoría absoluta.
La razón de fondo son las posturas muy encontradas entre el gobierno local y los sindicatos, ya que estos, según fuentes municipales, pretenden que se creen 17 nuevas plazas, lo que junto a las mejoras propuestas por el propio gobierno local para los trabajadores existentes, supondrían un coste de 700.000 euros para las arcas municipales, una cantidad que el Concello difícilmente podría asumir en este momento.
El gobierno local sí estaría dispuesto a mejorar y equilibrar desigualdades en los trabajadores actuales, lo que supondría un coste de unos 200.000 euros.
Según el gobierno local, tras meses de trabajo el documento que se pretendía aprobar permitiría la regularización de los diferentes puestos existentes en el Ayuntamiento, así como la creación de nuevas plazas necesarias para el correcto funcionamiento de la administración local. "La RPT eliminaría las desigualdades existentes hasta ahora entre personas que, desempeñando las mismas funciones, tenían condiciones salariales muy diferentes, otorgadas a cada uno de ellos durante los años de gobierno del PP y heredadas por el gobierno actual", afirman desde el ejecutivo local. "Gracias al documento pasarían a unificar su situación, igualando los salarios entre personal funcionario y laboral que desempeñe las mismas funciones. Asimismo, el documento serviría para reconocer situaciones especiales como la turnicidad, la jornada partida o la penosidad", añaden.
"El gobierno garantizaba que ningún empleado sufriría bajadas salariales, ya que a 38 de los 42 puestos contemplados le subía la retribución y a los 4 restantes se les ofrecía un complemento personal para evitar mermas salariales", destaca.
Para los representantes sindicales la propuesta del gobierno no fue suficiente. El documento propuesto por el Ayuntamiento incluye la creación de las plazas de arquitecto técnico, técnico de administración general, tesorero habilitado nacional y dos oficiales de Policía Local, y los representantes sindicales pretendían además la creación de 17 plazas repartidas en los diferentes departamentos, "así como numerosos incrementos en los niveles retributivos de las plazas existentes, algo totalmente inasumible para la hacienda local", afirman desde el ejecutivo. "Aún así, el equipo de gobierno estuvo dispuesto a seguir con las negociaciones y a ir llegando a acuerdos entre las partes. Sin embargo, los representantes sindicales del Ayuntamiento decidieron unilateralmente levantarse y abandonar la mesa de negociación, una vez que el gobierno no estaba dispuesto a aceptar exigencias ni chantajes que supondrían la absoluta incapacidad e imposibilidad por parte del Ayuntamiento de hacer frente a las necesidades y servicios básicos que está obligado a ofrecer a los vecinos", indican.
