El pleno de la corporación porriñesa aprobó tan solo el 14% de un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor superior a los 2,7 millones presentado por el gobierno local para pagar servicios prestados al Concello por diversos proveedores a lo largo de los últimos ejercicios.

El pleno rechazó (con los votos en contra del PP y del BNG, la abstención de EU-Son y los votos a favor del grupo de gobierno y el de No Adscritos) un reconocimiento por valor de 613.652 euros para pagar facturas de energía eléctrica, combustibles, carburantes y servicios de telefonía; otro por un importe de 724.750 euros para abonar servicios de limpieza de caminos y recogida de residuos; y otro por valor de 388.822 euros para hacer frente al pago de los servicios de gestión de la piscina municipal. Por otra parte, la corporación sí aprobó (con los votos a favor del grupo de gobierno y del de No Adscritos, la abstención del BNG y de EU-Son, el rechazo del PP y el voto de calidad de la alcaldesa), un reconocimiento de crédito superior a los 387.000 euros (el 14% del total) para cumplir con el pago de diversas obras, servicios y suministros.

La sesión, bastante tensa por momentos, comenzó con la exposición de los diferentes puntos por parte de Lourdes Moure, concejala de Hacienda. El turno de palabra siguió con Iria Lorenzo, edil del PP. Lorenzo afirmó que "me he hartado de revisar las facturas y las del gobierno anterior no llegan al 20%", señalando que "cuando ustedes estaban en la oposición votaban en contra de reconocimientos extrajudiciales y ahora reclaman el voto a favor porque la mayoría de estas facturas son de su gobierno". En este sentido, la propia Lorenzo indicó que el informe del interventor apunta "irregularidades en las actuaciones llevadas a cabo en la realización de los gastos y que fueron objeto de una contratación irregular".

Manuel Carrera, de UDDL, aseveró que "no podemos ser un ayuntamiento pufero". El teniente de alcalde considera que es "responsabilidad de ambos gobiernos" y se dirigió a Lorenzo a la hora de afirmar que "la fecha en la que se emitió la factura no quita que ese trabajo no se haya realizado antes, porque hubo un importe de 1.400.000 euros de facturas devueltas", dando a entender que el montante de facturas correspondientes al anterior ejecutivo es mayor que el señalado por Lorenzo.

Pedro Pereira, portavoz del BNG, indicó que su grupo mantendría el voto en contra emitido en el anterior pleno en "aquellos expedientes con facturas de servicios que ya debían estar adjudicados por concurso" y modificaría su voto hacia una abstención en aquellos en los que no se diera esa casuística. Fue este cambio de voto el que permitió aprobar uno de los expedientes por valor de 387.000 euros.

EU-Son mantuvo su abstención en todos los puntos e instó a PP y actual gobierno a "reunirse las horas que hagan falta y llegar a un acuerdo porque es responsabilidad de ambos", señaló Pedro Ocampo. Sabela Landín, edil no adscrita, votó a favor y señaló que "si las empresas no cobran, los trabajadores tampoco".

Por su parte, Eva García estimó que "la mayor culpabilidad que tenemos no es que hayamos hecho un gasto que no podamos pagar, sino que el dinero está en el banco y nosotros estamos echándole el cerrojo".

Sobre la mesa

El punto más polémico del pleno se dio cuando Carlos Martínez, portavoz del PP, señaló que se ausentaba de la votación de uno de los expedientes "porque hay facturas de este reconocimiento que se están llevando a trámite judicial por el despacho profesional en el que trabajo", considerando que había "una causa de incompatibilidad". Hubo un receso y a la vuelta De la Torre dejó el punto sobre la mesa, exigiendo a Martínez que "justifique esa incompatibilidad por escrito." La regidora afirmó que "si hay razones para reclamar unos servicios al Concello, no puede usted votar en contra cuando su despacho nos lo está reclamando judicialmente".