Nuevo varapalo judicial para el camping de A Ladeira, cuyos propietarios mantienen una intensa batalla en los tribunales para salvar de la piqueta los 34 bungalós ilegales, cuya demolición ha sido ordenada ya en tres ocasiones por parte del Concello de Baiona. El Tribunal Supremo ratifica la máxima protección urbanística para la parcela en la que se ubica el campamento, en plena marisma de A Foz, integrada en la Red Natura 2000. Lo hace en una sentencia, emitida esta misma semana, que echa por tierra la pretensión de sus propietarios de modificar el Plan Xeral de Baiona, que califica los terrenos como rústicos de especial protección paisajística, para convertirlos en urbanos y garantizar su actividad.

El fallo no menciona las cabañas porque responde a un litigio paralelo al que Camping Bayona Playa sigue para evitar su derribo, pendiente todavía de resolución judicial. La sociedad lo interpuso contra el Ayuntamiento y el Gobierno gallego tras fracasar su recurso administrativo contra la aprobación definitiva del PXOM baionés, que declara protegido el espacio e impide, según la empresa, la continuidad del campamento turístico. La propiedad considera que los terrenos deben ser urbanos por hallarse en una zona desarrollada urbanísticamente y disponer de conexión a los servicios básicos de suministro de agua, electricidad y saneamiento. Por eso acudió a los juzgados. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya dio la razón en diciembre de 2015 a Xunta y Concello y avaló la protección de los terrenos en el documento urbanístico por encontrarse aislados del entramado urbano. Y el Supremo se pronuncia ahora en el mismo sentido.

De la propiedad a la concesión

Esta nueva resolución llega nueve meses después de otra del mismo tribunal estatal que retiraba definitivamente a Camping Bayona Playa la propiedad de los terrenos de 40.000 metros cuadrados en A Ladeira y los declaraba públicos, incluidos en la demarcación marítimo-terrestre. La sociedad había recurrido el deslinde de Costas de 1996, que devolvía la parcela al patrimonio nacional, y alegaba que se la había comprado al Estado en 1971. La sentencia ponía fin a veinte años de pleito y reconocía a los propietarios únicamente una concesión para explotar el negocio durante 30 años, firmada en 2011 por el Ministerio de Medio Ambiente.

La existencia de este derecho de explotación garantizaría la continuidad del campamento turístico en la playa de A Ladeira al menos hasta 2041. Eso sí, sin los mencionados bungalós con orden de derribo que el Concello ha declarado ilegalizables.