El alcalde de Baiona, Ángel Rodal, desconocía ayer el contenido de la sentencia del Supremo. La analizará con los servicios jurídicos del Ayuntamiento mañana mismo. En cualquier caso, entiende que el reconocimiento de los terrenos como rústicos de especial protección paisajística en el Plan Xeral "no afecta directamente al derribo de los bungalós, pero sí indirectamente". Las cabañas son ilegales porque carecen de licencia y se encuentran sobre suelo protegido. El fallo judicial viene a confirmar la calificación del espacio, por lo que refuerza las órdenes de demolición decretadas por el Concello hasta en tres ocasiones desde 2001.
