Falta tan solo una semana para el 12 de junio, fecha en la que se cumplirán 400 años desde que el rey Felipe III nombró conde de Gondomar a Diego Sarmiento de Acuña. El Ayuntamiento afronta un año de conmemoraciones alrededor del cuarto centenario de la efeméride sin cerrar el pleito con el actual heredero del título, Gonzalo Fernández de Córdoba y Narváez, por los polémicos árboles talados en el pazo para evitar accidentes y daños a las propiedades colindantes. El aristócrata ha denunciado al Concello por exceder la sentencia que ordenaba cortar los troncos. El fallo judicial marcaba ocho en total, siete acacias y un fresno que el arquitecto municipal había declarado en riesgo de derrumbe, pero el gobierno municipal procedió a retirar dieciséis finalmente.

La tala forzosa se ejecutó el pasado marzo después de más dos años de conflicto entre el Concello y el conde. El anterior alcalde, el popular Fernando Guitián, había ordenado la tala al aristócrata en noviembre de 2014, tras varias denuncias vecinales por daños en sus propiedades al caerse varias ramas a la urbanización contigua al pazo. Pero Fernández de Córdoba acudió a los tribunales para evitar la corta de árboles que, a su juicio, alteraba el recinto, protegido por la Dirección Xeral de Patrimonio como bien de interés cultural. Dos sentencias dieron la razón a la Administración local al considerar que la seguridad debe prevalecer sobre el interés patrimonial. Una del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo y otra, emitida el pasado septiembre por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El alcalde, Francisco Ferreira, desconocía ayer la nueva denuncia de Fernández de Córdoba, pero en su momento aseguró que se habían cortado ocho troncos más de los previstos con su consentimiento. El regidor apuntaba que, además de las siete acacias y el fresno sentenciados, se habían eliminado otros ejemplares sin ningún valor patrimonial porque presentaban inclinaciones e indicios de peligrosidad y que el aristócrata había presenciado los trabajos sin oponerse.

Señalaba asimismo que, al tratarse de una ejecución subsidiaria de sentencia, el Concello pasaría los gastos al aristócrata y los calculaba en unos 7.500 euros.

Pero finalmente Gonzalo Fernández de Córdoba ha presentado en los últimos días un incidente de ejecución de sentencia ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo. Considera que el Ayuntamiento "ha cumplido con la sentencia, si bien lo ha realizado de manera defectuosa al efectuar una actuación desmedida". Por eso suplica al juez que "inicie los trámites oportunos ante el incumplimiento de sentencia acaecido por la extralimitación de la Administración a la hora de ejecutarla". Por el momento no pone cifra a su reclamación, sino que pide al magistrado que determine "los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento".