La delimitación de tres núcleos rurales que servirá para salvar cuatro de las siete casas con orden de derribo en Gondomar quedó en suspenso en el pleno de ayer. La abstención de los grupos de la oposición impidió sacar adelante la ordenación de las zonas de San Roque y Prado en Morgadáns y de Penalba en Mañufe. Al tratarse de un proyecto urbanístico, su aprobación requiere la mayoría de los votos de la Corporación y el bipartito en minoría solo dispone de siete del total de diecisiete.
Los diez ediles de Partido Popular, Gondomar Concello Aberto (CABE) e Iniciativa por Gondomar (IxG) optaron por abstenerse al considerar que la propuesta de ordenación elaborada por el departamento municipal de Urbanismo no había sido consensuada por parte del gobierno con los demás grupos, según explicaron sus portavoces durante el debate.
El concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo, defendió la necesidad de aprobar la delimitación de los tres barrios para resolver graves problemas a los vecinos. Entre ellos, los que disponen de viviendas con orden de demolición de la Xunta tras las inspecciones de oficio realizadas hace poco más de un año por técnicos de la Axencia Galega para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que detectaron diversas irregularidades. Seis de las construcciones bajo la amenaza de la piqueta se encuentran en Morgadáns y la séptima, en Mañufe, precisamente en el núcleo de Penalba que el bipartito pretendía aprobar ayer.
La APLU llevó a los propietarios de dichos inmuebles ilegales a los tribunales. Uno de ellos, dueño de una vivienda en Campo Grande, en Morgadáns, ha sido condenado ya por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo a un año de prisión y una multa de 2.160 euros al atribuirle la magistrada un delito contra la ordenación del territorio. La sentencia deja la puerta abierta a salvar la casa si la delimitación del núcleo se aprueba en junio. Si la Xunta no se pronuncia, dicho entorno quedará ordenado el próximo martes, día 6, y la familia afectada podrá legalizar la edificación.
El aplazamiento de los tres núcleos a debate ayer corre en contra de otros cuatro vecinos. Si la justicia falla en el mismo sentido que en el caso de Campo Grande antes de que sus ordenaciones avancen en el Concello, se verán obligados a demoler sus viviendas porque no existirá normativa que las ampare.
