La crisis regresa por enésima vez al bipartito de Gondomar. El alcalde, el socialista Francisco Ferreira, tensó ayer las relaciones con sus socios al suspender el polémico concurso de puestos de la plaza de abastos impulsado desde la Concellería de Turismo e Comercio, que dirige Xosé Antón Araúxo, de Manifesto Miñor. Lo hizo el mismo día en que finalizaba el plazo para solicitar los 28 locales licitados con cuatro ofertas de personas ajenas al mercado pero sin ninguna por parte de los 12 vendedores actuales, enfrentados al Ayuntamiento al considerar que el proceso pone en peligro sus puestos de trabajo. La respuesta de sus compañeros de gobierno no se hizo esperar. "El saberá o que fai, que se ateña ás consecuencias", señaló el concejal responsable del asunto antes de anunciar que se reunirá hoy con los demás representantes de la formación de unidad popular de manera urgente para "valorar todos os escenarios posibles". Entre las opciones, la ruptura del pacto de gobierno o incluso el traslado del caso a la Fiscalía. "Na praza hai graves irregularidades e nós non imos mirar a outro lado", advirtió el edil.
Ferreira decidía paralizar la tramitación a última hora de la mañana, tras recibir un informe de la Secretaría municipal que, según aseguró, apuntaba a una "vulneración do principio de igualdade ao non licitarse os 29 postos existentes, senón só 28". Araúxo ya había aclarado que se había excluido uno de los espacios para ofertarlo en una próxima convocatoria y evitar un trato de favor, dado que su ocupante está a punto de jubilarse y, en caso de quedarse con la concesión, podría alquilarla en su beneficio, en lugar de dejarla vacante para cualquier otra persona que puje por ella.
Pero el regidor señalaba ayer que no había sido informado al respecto y justificaba también la medida por el rechazo de los vendedores, que han recurrido el proceso y reclamado su suspensión, así como por las dudas jurídicas que le genera. "Caben distintas interpretacións sobre a normativa aprobada en 2013 polo PP para regularizar o mercado e simplemente queremos deixalo todo claro", argumentó. En definitiva, Ferreira niega el enfrentamiento. "Eu non desautorizo a ninguén con isto, tomo unha decisión por responsabilidade política e para evitar un contencioso", recalcó.
Fue él mismo quien firmó en marzo las bases del concurso que ahora pretende cambiar "para garantir os dereitos dos praceiros". Y precisamente de derechos habló también Araúxo, pero "dos da cidadanía en xeral". Recordó que el proceso de regularización de la plaza pretende legalizar la situación de los vendedores con concesiones adaptadas a la normativa, que "son as únicas fórmulas legais para exercer unha actividade nun espacio de titularidade municipal". En este sentido, recordó que "os praceiros non poden marcar a xestión do Concello" y aseguró que la postura del alcalde "prexudica gravemente as catro persoas que presentaron solicitudes, ás que lles coarta o dereito a un posto de traballo e a un salario digno".
Francisco Ferreira | Alcalde (PSOE)
"Non desautorizo, tomo una decisión por responsabilidade"
Xosé Antón Araúxo | Edil de Comercio (Manifesto)
"Na praza hai graves irregularidades e non imos mirar a outro lado"
