26 de mayo de 2017
26.05.2017
VAL MIÑOR

La juez deja en manos de la Xunta el primero de los siete derribos ordenados en Gondomar

Impone un año de prisión y 2.160 euros de multa al propietario, que podrá salvar su casa si el núcleo de Campo Grande entra en vigor en junio

26.05.2017 | 02:20

La Xunta los ordenó y ahora tiene la potestad, junto al Concello, de evitarlos. Los siete derribos dictados hace un año en Gondomar por la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU) tras una inspección de oficio pueden resolverse a través de la agilidad en la gestión urbanística. Los tribunales dejan en manos de las administraciones local y autonómica la tarea de salvar las viviendas de la piqueta. Al menos, así se desprende la sentencia emitida respecto al primero de los siete casos que ha llegado a juicio. La titular del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Vigo ha condenado a finales de marzo al propietario de una de las edificaciones afectadas de Morgadáns a un año de prisión y 2.160 euros de multa por un delito contra la ordenación del territorio por construirla sin licencia. Ordena también la demolición de la casa, "salvo que se acredite la aprobación definitiva del nuevo plan urbanístico en un plazo de tres meses".

Se refiere a la delimitación del núcleo aprobada en pleno en enero, que podría evitar la reducción de la casa a escombros si el acusado la legaliza en cuanto la normativa quede aprobada definitivamente, como está previsto, en junio.

Se trata de una de las seis viviendas unifamiliares de la parroquia de Morgadáns con el mismo problema -la séptima se encuentra en Mañufe-. Su dueño fue juzgado el pasado 23 de marzo y durante la vista quedó acreditado, según indica el fallo judicial, que levantó la casa sin permiso sabedor de la irregularidad y por ello debe ser condenado. Pero también apunta la sentencia, recurrida ya por el procesado ante la Audiencia, que la aprobación de la normativa en cuestión entrará en vigor el 6 de junio por silencio administrativo, si la Xunta no pone antes objeción, y servirá para mantener la edificación en su sitio.

Los juzgados instruyen al menos otros dos procesos similares tras las denuncias de la APLU, que podrían llevar a los tribunales a otros cuatro vecinos más. Mientras tanto, el Ayuntamiento ultima la ordenación de otros tres núcleos para evitar las demoliciones a la espera de la aprobación del Plan Xeral, que se presume lejana. Todo dependerá de que la oficina municipal de Urbanismo gane la carrera a los trámites judiciales y las nuevas ordenaciones lleguen a tiempo de eludir los derribos.

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