23 de mayo de 2017
23.05.2017
VAL MIÑOR

Gondomar derriba la casa de Donas cuya licencia condenó al exalcalde Carlos Silva

Pertenece a la hija de un exfuncionario de Urbanismo, denunciada por un familiar por el permiso irregular concedido en 2006, con el Plan Xeral ya anulado por el Tribunal Supremo

23.05.2017 | 02:09
La vivienda cuyo derribo se inicia hoy, en el barrio de Cruceiro. // FdV

Diez años de batalla judicial entre familiares llegan hoy a su punto culminante en el barrio de O Cruceiro, en la parroquia de Donas. El Concello de Gondomar pondrá en marcha el derribo de una vivienda con orden judicial de demolición desde 2009. Se trata de una casa de planta baja propiedad de la hija de un funcionario jubilado del departamento municipal de Urbanismo, que obtuvo licencia para construirla en 2006. El permiso es el mismo que llevó a la Audiencia Provincial a condenar al exalcalde popular Carlos Silva y a cinco concejales de su junta de gobierno -Ángel Gregores, José Luis Mosquera, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa- a seis meses de prisión y a siete años de inhabilitación para ejercer cargo público en 2010 por un delito de prevaricación.

Aunque inicialmente el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo les impuso una pena mayor por otorgar una treintena de licencias ilegales entre diciembre de 2005 y enero de 2006, con el Plan Xeral de 1997 anulado por el Tribunal Supremo, la Audiencia solo reconoció la de esta casa como objeto del delito, al considerar que era la única que habían concedido a sabiendas de que carecía de marco legal. Su condena finalizará en junio.

Pero la demolición que hoy inicia el Ayuntamiento no deriva de aquel proceso judicial contra los representantes políticos gondomareses, sino de un pleito entre particulares. La dueña, Rebeca Fernández Prieto -hija de Jaime Fernández Álvarez, que prestaba en la oficina de Urbanismo de la localidad cuando se otorgó el permiso-, fue denunciada por un familiar precisamente por la irregularidad de la licencia poco después de iniciada la obra. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Vigo ordenó el derribo en 2009.

Un año después, el Concello fue incluso amonestado por el juez por falta de diligencia a la hora de aplicar y hacer cumplir la sentencia. Tras varios requerimientos judiciales y alegaciones por parte de la afectada el gobierno municipal ha firmado por segunda vez la demolición "por imperativo legal", según indica el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Araúxo. Lo había hecho hace un año, pero un recurso de la dueña atrasó la llegada de la piqueta.

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