El director del Instituto de Promoción Económica (IGAPE), Juan Cividanes, descartó hoy que la empresa cárnica Frigolouro, propiedad del grupo Coren, traslade su planta del municipio de O Porriño al norte de Portugal. Cividanes evitó entrar en detalle, en su intervención ante una comisión del Parlamento de Galicia, pero rechazó contestar a una serie de preguntas de la diputada de En Marea Eva Solla sobre las amenazas de la dirección de llevar esa planta al norte de Portugal, tras las reivindicaciones laborales de los trabajadores.

Solla reclamó a Cividanes que explicara qué pretendía hacer ante la actitud amenazante de Frigolouro, empresa beneficiaria de subvenciones públicas. El responsable del Igape, un órgano de la Xunta destinado a fomentar el desarrollo económico, se limitó a indicar que la dirección de Frigolouro emitió un comunicado en el que "aclaró su intención de permanecer en las instalaciones de O Porriño" y enfatizó: "no hay nada más a responder".

Cividanes reconoció que Frigolouro se benefició de fondos públicos, sin precisar el monto, aunque dijo que debía "corregir el dato" facilitado por Solla ya que "no son seis millones", apuntó, sin ofrecer dato alguno. La diputada de En Marea comentó en su intervención que la subvención era de "siete millones de euros" y que esos fondos habían contribuido precisamente a la modernización de las instalaciones de "despiece" y procesado de porcino en O Porriño.

Solla consideró así que la respuesta facilitada "no es aceptable" viviendo de un director de un organismo público que debe defender los intereses económicos de Galicia. La diputada observó que la empresa ha sido objeto de denuncias por parte de sindicatos y de quejas y reivindicaciones de sus empleados por las condiciones salariales, con sueldos de "600 a 900 euros" mensuales "bastante miserables teniendo en cuenta sus condiciones laborales", dijo.

Apuntó que Frigolouro tiene unos 600 trabajadores, de los cuales "360 de plantilla directa" y el resto de la subsidiaria Servicarne, acusada de llevar a cabo un "fraude de falsos autónomos". Solla señaló la empresa tiene una facturación de unos 130 millones de euros al año y un "compromisos de empleo hasta 2019" en base a las ayudas públicas atribuidas, por lo que concluyó que la dirección "no debe utilizar las deslocalización como una amenaza".