30 de marzo de 2017
30.03.2017
CONDADO PARADANTA

Una víctima de violencia de género, en riesgo de ser desahuciada por el Concello

El Ayuntamiento ponteareano alquiló un piso para ella y un año después le pide que lo abandone -La ONG Ponte Solidario exige al gobierno que garantice viviendas dignas

30.03.2017 | 11:27
Garrote con socios de Ponte Solidario en el salón de plenos. // A.G.

Una ponteareana, víctima de violencia de género reconocida por los Servicios Sociales municipales y que prefiere preservar su anonimato, vive actualmente en un piso alquilado por el Concello de Ponteareas. La administración local accedió a proporcionarle una vivienda de manera temporal tras la mediación de la ONG Ponte Solidario al comprobar que vivía en un garaje anexo a una caseta prefabricada de chapa de su propiedad. Al carecer de viviendas propias habitables, el Concello alquiló un piso para que se instalase.

Desde el gobierno local explican que la cesión de una vivienda de emergencia social por parte del Concello es temporal por un máximo de seis meses. "En estos momentos, la situación se alarga desde hace más de un año y, en enero de 2017, la propietaria del piso alquilado solicitó la resolución del contrato de alquiler y que el piso quede vacío" afirman.

Obras en su caseta

Por este motivo, el Concello realizó varias gestiones para arreglar la caseta en la que vivió y estuvo censada esta mujer varios años antes de 2016 y certifica que ahora "esta vivienda reúne las condiciones necesarias para ser habitada según un informe de la oficina técnica municipal" y únicamente quedaría dar de alta el suministro de energía eléctrica.

El departamento de Servicios Sociales de Ponteareas le comunicó a esta ponteareana que tenía que dejar el piso alquilado y que podía trasladarse a su vivienda que está en condiciones de ser habitada. "El Concello no puede facilitarle a esta persona ninguna otra vivienda, ya que tiene un lugar donde residir perfectamente habilitado", asegura el gobierno.

Este es uno de los casos tramitados por la ONG local Ponte Solidario, que asegura que esta mujer maltratada por su marido cobra una prestación que ronda los 150 euros y que sigue estando en exclusión social al no haber podido reconducir su situación.

Desde Ponte Solidario explican que la caseta de esta ponteareana es de chapa de tres milímetros de grosor y no tenía aislamiento y presentaba filtraciones de agua. "Un arquitecto fue el que nos certificó que esa caseta era inhabitable, al menos en invierno", explican desde la ONG.

Ponte Solidario reivindica que el gobierno local cumpla el "informe de mínimos" redactado por esta ONG, que presentó y llevó a pleno en marzo de 2015, cuando gobernaba el PP en Ponteareas y que el actual alcalde del BNG, Xosé Represas, y la teniente alcalde del PSOE, Chus Garrote, apoyaron estando en la oposición. "Hay fotos que demuestran que incluso apoyaron el encierro que hicimos en el salón de plenos para exigir que se aprobase ese informe de mínimos y ahora no lo aplican", señala Sabela Souto, responsable de comunicación de Ponte Solidario.

"La concejalía de emergencia social funciona muy mal, estamos haciendo un trabajo que deberían hacer ellos, como por ejemplo buscarle una vivienda digna a quien lo necesite, compartiendo piso, negociando la cesión temporal de viviendas que se pueden reformar, crear un banco municipal de viviendas públicas, poner en marcha un plan de empleo social para que estas familias puedan salir de la exclusión, etcétera", proponen desde Ponte Solidario.

La ONG pide una solución perdurable en el tiempo para esta ponteareana y que el gobierno ponga en práctica el contenido de su informe de mínimos para garantizar viviendas dignas en Ponteareas. "Con las casas y pisos vacíos que hay en Ponteareas, no sería difícil establecer convenios con propietarios para alojar a familias en situación límite, con alquileres sociales accesibles", opinan.

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