Evitar los siete derribos ordenados por la Xunta en Gondomar podría ser factible. Así lo sugirieron ayer tanto la fiscal como el jefe de servicio de Inspección de la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU) en Pontevedra, Jesús Martínez López, durante el primer juicio en torno a las demoliciones decretadas. El Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo acogió la vista contra José Manuel Troncoso, vecino de Morgadáns, acusado de construir una vivienda sin licencia en suelo rústico en el núcleo de Campo Grande. La Fiscalía le atribuye un delito contra la ordenación del territorio y solicita una pena de dos años de prisión, 5.400 euros de multa y la demolición de la casa.
La representante del ministerio público dejó claro que la vivienda es en la actualidad ilegalizable porque todavía no está aprobada la delimitación del núcleo, pendiente únicamente del visto bueno de la Xunta. No obstante, afirmó que existe jurisprudencia que determina que "si se produce una modificación del planeamiento, puede devenir en innecesaria la demolición", de manera que el procesado podría verse en la tesitura de resultar condenado y cumplir la pena que se le imponga sin tener que derribar la casa si el núcleo entra en vigor a tiempo. Situación que podría repetirse en caso de que los demás afectados lleguen a ser juzgados en las mismas circunstancias -algo que parece probable, puesto que la APLU ha trasladado todos los casos a los tribunales- y los núcleos que tramita el departamento municipal de Urbanismo, con la intención de salvar las construcciones de la piqueta, salgan adelante.
El jefe de servicio de la agencia de la Xunta, quien firmó las siete órdenes de derribo -seis en Morgadáns y una en Mañufe-, también aludió a ese supuesto, al señalar que "todo es susceptible de actualizarse" y que "una vez se apruebe el núcleo, tendría que solicitarse licencia y ver si tiene amparo jurídico".
Ambas declaraciones coinciden con los argumentos del arquitecto municipal del Concello de Gondomar, José Antonio Álvarez, cuyo testimonio apuntó asimismo a la posibilidad de dar encaje legal a la casa cuando la Xunta acepte el núcleo y el propietario solicite la licencia, ya que, "en principio, la construcción se ajusta a la parcela mínima y cumple los parámetros urbanísticos".
La normativa, en un mes
El técnico recalcó además que la entrada en vigor del citado núcleo podría llegar en cuestión de "un mes o mes y medio". Tras su aprobación en pleno el pasado 26 de diciembre, el Gobierno gallego tiene tres meses de plazo para pronunciarse. Si no lo hace antes de finales de abril, entrará en vigor por silencio administrativo.
"Proyecto de vida"
Por su parte, el acusado defendió su proceder. "Yo creía que hacía lo correcto. En 2012, cuando hablé con concejal de Urbanismo -en aquel momento, el popular Carlos Lameiro- me dijo que podía ir construyendo según las normativas municipales, que me ciñera a las ordenanzas, que el tema se estaba arreglando", señaló a preguntas de la magistrada. José Manuel Troncoso recalcó que había solicitado permiso para construir en 2007 al Ayuntamiento.
Insistió en su inocencia en base a la complicada historia del urbanismo gondomareño. El PXOM que rigió la ordenación del municipio desde 1997 hasta que fue anulado por los tribunales en 2008, consideraba urbanizable el núcleo donde inició la obra. "Yo creía que se podía construir allí. Compré el terreno como solar y pagué el IBI durante años. Después me dijeron que era rústico", lamentó. La sentencia del Supremo que echó por tierra el Plan Xeral dejó a Gondomar bajo las normas subsidiarias de 1991 y con numerosos núcleos sin delimitar. Fue entonces cuando su terreno perdió la condición de edificable y se truncaron sus ilusiones. "La casa era mi proyecto de futuro, donde invertí las ganancias de mi trabajo para irme a vivir allí.", señaló. De ahí que en la actualidad, resida en una vivienda alquilada, según dijo.
En sus conclusiones, la fiscal insistió en reclamar la condena para Troncoso porque inició las obras sin licencia en un lugar en el que no podía construir. Mientras que el abogado defensor reclamó la libre absolución al considerar que "no ha cometido ningún delito" porque actuó "creyendo que solo había un defecto de tramitación, que en modo alguno iba a tener estas consecuencias penales". Reiteró también que el núcleo de Campo Grande "no es una expectativa, sino algo que tiene todos los visos de ser aprobado".
