Una inspección detecta sobreocupación en una residencia de mayores de Pazos de Borbén

La secretaria comarcal de la CIG-Servicios de Pontevedra, Diana Rodríguez, compareció junto al responsable de Negociación Colectiva de la federación, Pedro Pérez, para denunciar públicamente lo sucedido el pasado viernes durante una inspección común de Política Social a una residencia ubicada en la parroquia de Amoedo, en el municipio de Pazos de Borbén. Los representantes sindicales explicaron que cuando la inspectora de la Xunta accedió al centro -cuya propietaria y directora es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra, Lucía Pedroso- “tuvimos conocimiento de que cinco personas mayores fueron escondidas en el interior de la lavandería para que la inspección no detectase que la residencia tenía usuarios de más”.

Entonces decidieron darle aviso a la inspectora, que se acercó hasta la zona de lavandería para comprobar este extremo. “Allí se encuentra la puerta cerrada y pide que se la abran, negándose en todo momento con la excusa de que el cuarto está en obras”. La inspectora insiste y le vuelven a prohibir el acceso, por lo que amenaza con llamar a la Guardia Civil. “Le dicen que haga lo que quiera, y cuando se ausenta un momento para comunicarle al departamento autonómico que no le permiten entrar en el cuarto aprovechan para cambiar los mayores de sitio”, afirman desde la CIG.

Desde el sindicato afirman que el lugar escogido para esconderlos es aún peor: un galpón que se encuentra en la parte trasera del inmueble. Se trata de un habitáculo de unos dos metros de alto con tejado de uralita en el que los cinco usuarios de la residencia son confinados junto a una auxiliar. “Conocedores del cambio, avisamos de nuevo a la inspectora, que se acerca hasta el galpón y pide que le abran la puerta, a lo que se vuelven a negar alegando que dentro no hay nada, a pesar de que se escuchaban las voces de las personas que se encontraban en el interior”. En ese momento decide llamar a los agentes.

La secretaria comarcal de la CIG, Diana Rodríguez, denuncia que hasta que se presenta la Guardia Civil no se accede a abrir la puerta del galpón, encontrándose los agentes con los cinco mayores y una auxiliar. “Estas personas estuvieron alrededor de cuatro horas en condiciones denigrantes, primero en la lavandería y luego en el galpón a más de 25 grados de temperatura, sin agua, sin su medicación e incluso sin pañales”. Desde la CIG-Servicios esperan que la Guardia Civil traslade el acta que levantó por estos hechos a la Fiscalía y al Juzgado y que la Consellería “tome cartas en el asunto, retirándole incluso la licencia”.

En este sentido, destacan que se trata de una residencia privada que tiene un concierto público con la Xunta, por lo que cuenta con 22 plazas a disposición del departamento autonómico. El centro tiene capacidad de 58 plazas, aunque en el momento de la inspección había un total de 63 usuarios, según aseguran desde la CIG. “Fue precisamente para ocultar esta sobreocupación por lo que deciden esconder a cinco personas mayores, cuando a lo único que se enfrentarían en caso de que la inspección detectara el desfase sería a una sanción administrativa”. Las consecuencias para el centro pueden ser ahora mucho más graves. “Lo que hicieron es muy denigrante para los usuarios y no se puede permitir; además, estamos convencidos de que no es la primera vez que sucede”, indica Rodríguez.

La responsable de la CIG entiende que lo sucedido es especialmente grave al tratarse de un centro con plazas públicas y cuya propietaria ejerce como presidenta de una asociación de empresarios. “Pensamos que tiene que presentar su dimisión inmediatamente porque demuestra que no tiene muchos escrúpulos; de hecho, ni siquiera puso el incidente en conocimiento de las familias de los usuarios del centro”, concluye.