El Concello de Redondela ha comenzado a aplicar la bajada del impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana ("plusvalía"), una medida lograda por el consenso entre las fuerzas de la oposición en Redondela, que el pasado mes de septiembre obligaron al gobierno local -está en minoría- a aprobar en el pleno esta rebaja fiscal.
El PP había intentado previamente una modificación del impuesto que fue considerada por la oposición de "injusta", ya que explicaron que la propuesta que planteaba el gobierno redondelano "no seguía las características que un impuesto debe cumplir". Esta iniciativa motivó que los grupos de la oposición, con mayoría en el pleno, juntasen fuerzas y presentaran una modificación que implicara "una rebaja real" de la plusvalía.
Tras aprobación en el pleno por los apoyos del PSOE, AER, BNG y la edil no adscrita Raquel Quintáns, y sin que se presentasen alegaciones, a finales del mes de enero salía publicada la aprobación definitiva de la ordenanza. Esta modificación será aplicada a partir de ahora a los vecinos de Redondela, que verán reducido el impuesto en un 95 por ciento con respecto al anterior, en los casos de herencias.
La rebaja era esperada por toda la ciudadanía ya que este impuesto estaba generando situaciones económicamente complicadas entre los vecinos, incluso habiendo casos de renuncia a las herencias al no poder hacer frente a los intereses que el Concello cobraba hasta ahora. Desde la oposición aseguran que el Concello consiguió recaudar más de un millón y medio de euros, tan solo en los casos de herencias, en cuatro años de gobierno del PP.
Tras el acuerdo plenario el tipo impositivo se reduce a un 15 por ciento (desde el 30% actual) con una bonificación del 95% en casos de transmisión de herencias, dación o mejoras, con independencia del valor catastral del bien a declarar.
La teniente de alcalde, María del Carmen Amoedo, aseguró en el pleno que la rebaja aprobada de la plusvalía ponía en peligro la estabilidad económica municipal y advirtió que el gobierno local podría verse obligado a presentar un Plan Económico-Financiero.
