17 de diciembre de 2016
17.12.2016
VAL MIÑOR

La cofradía baionesa acuerda medidas legales contra el boicot de los percebeiros

-Los pescadores respaldan en una polémica Junta la continuidad de los vigilantes - Los percebeiros niegan medidas ilegales y afirman que no paralizaron la lonja

17.12.2016 | 01:55
Junta de septiembre, donde nació el conflicto, al aprobarse el plan de explotación del percebe. // José Lores

La Cofradía La Anunciada de Baiona acordó, anoche, en una tensa Junta general, denunciar y tomar medidas legales contra los percebeiros que realicen acciones de boicot contra la cofradía como la paralización de la lonja, según manifestó al terminó de la junta, la presidenta Susana González.

Estas supuestas medidas de boicot son negadas de plano por el sector percebeiro, que afirma que si bien han realizado medidas de protesta nunca ejercieron acciones de boicot que pudieran perjudicar el sector "pero nosotros podemos estar dentro de la lonja porque es un lugar público", indico José Enrique Alonso.

Dentro de lo que ha venido a denominarse "guerra del percebe", la Junta general de ayer se presumía polémica, pero, según la presidenta, en casi cuatro horas de debate, se sacaron adelante todos los puntos y el sector respaldó el trabajo de la directiva y no aceptó ninguna de las propuestas de los percebeiros.

La principal de ellas era el despido de los vigilantes de la Cofradía, los guardapesca, a quienes se les acusa por parte de los percebeiros de elaborar un acta falsa.

"Se ha respaldado totalmente la continuidad de los vigilantes y se ha respaldado el trabajo en general de la Cofradía", aseguró Susana González.

Los enfrentamientos surgieron en el mes de septiembre, con la aprobación del plan de explotación del percebe. La dirección de la Cofradía trata desde entonces de aplicar una normativa que impide a los mariscadores a flote faenar por tierra para frenar la sobre explotación de la especie. Afirman que dicha norma se ha incumplido sistemáticamente durante años sin problemas, pero la situación ha cambiado desde el pasado febrero, cuando la Xunta obligó a los armadores de embarcaciones dedicadas al percebe a cubrir todas sus plazas a bordo para evitar perder las autorizaciones. Se incrementaba así en una veintena el número de trabajadores sobre las rocas y, por tanto, la presión sobre el recurso marisquero.

Los percebeiros afirman, por ejemplo, que existe ninguna norma que impida nadar para acceder de las embarcaciones a las rocas y hacerlo con aletas.

Tras el varapalo de la junta general, el sector critico, todavía no sabe cuales serán sus próximas medias de protesta.

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