El Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de Pontevedra, a través de un auto fechado el pasado 24 de noviembre, y al que tuvo acceso ayer FARO DE VIGO, legalizó el pago de más de 640.000 euros a empresas proveedoras del Concello de Salceda de Caselas, que la oposición municipal (PP y PSOE) bloqueó en el pleno, impidiendo hasta en cinco ocasiones que prosperase un acuerdo extrajudicial presentado por el gobierno local -Movemento Salceda- que permitiese pagar esas facturas sin que los proveedores acudiesen a los tribunales de justicia.
La rápida respuesta judicial se produce después de que los proveedores se organizasen en una asociación, presentasen la denuncia por la vía contencioso-administrativa y, ante el requerimiento judicial, el gobierno local reconociese la existencia de las facturas y llegase a un acuerdo -una transacción- que ahora el juzgado homologa.
Los proveedores decidieron constituir la asociación de afectados el 27 de octubre, después de ver cómo el reconocimiento extrajudicial de crédito que permitiría el pago de las facturas era rechazado en pleno por la oposición en hasta cinco ocasiones. Por ello acordaron presentar un recurso conjunto reclamando el pago de sus facturas.
El 9 de noviembre se llegó al acuerdo de transacción entre el Ayuntamiento y la Asociación de Proveedores, para que el pago de lo adeudado pudiera hacerse lo antes posible, presentando dicho acuerdo ante el juzgado.
El alcalde, Marcos Besada, destacó que la justicia actuó con rapidez y tan solo unos días después, el 24 de noviembre, la jueza encargada del caso emitió la homologación del acuerdo, autorizando al Ayuntamiento para realizar el pago de las facturas pendientes.
"Se pone así fin a un largo camino de bloqueos por parte de los grupos de la oposición, que venían impidiendo con sus votos que los proveedores pudieran cobrar por los trabajos ya realizados a pesar de que el Ayuntamiento contara con liquidez suficiente para hacer dichos pagos", afirma el concejal de Hacienda, José Luis González.
Antes de llegar a presentar este recurso judicial, los proveedores mantuvieron numerosas reuniones con el gobierno y la oposición para buscar el acuerdo, llegando a solicitar a los grupos municipales del Partido Popular y del Partido Socialista "que reconsideren su postura, excluyan del debate político la atención que merecen los empresarios que conforman el tejido económico de este Ayuntamiento, y voten a favor o, cuando menos, se abstengan en sesión plenaria en la que se trate el asunto".
Irresponsabilidad
Desde el gobierno local lamentaron en los últimos días que la cuestión tuviera que finalizar por vía judicial, por el bloqueo existente por parte de la oposición.
Para Marcos Besada "el diálogo y principio de confianza de los proveedores solucionó un grave problema económico para el Ayuntamiento y para los bolsillos de los vecinos y vecinas provocado por la irresponsabilidad de PP y PSOE".
Añade que "como personas de palabra, acataremos la decisión judicial de homologar el acuerdo firmado entre proveedores y Ayuntamiento y vamos a cumplir nuestros compromisos y evitar el pago de más de 55.000 euros en intereses y costas judiciales".
