El Centro de Deportes Acuáticos de Chapela parece gafado. Después de mantenerse durante dos años cerrado tras rematar su construcción debido a diversos problemas técnicos y a los fracasos del proceso de adjudicación -quedó desierto en dos ocasiones-, el rechazo ahora del pleno a la prórroga de la concesión del servicio deja el complejo con un futuro incierto.

El gobierno local llevó en la última sesión plenaria este asunto con la intención de conceder a la empresa Aqualia una prórroga para los próximos tres años la concesión de la piscina municipal chapelana, pero el rechazo unánime de todos los grupos de la oposición tumbó la propuesta -el PP gobierna en minoría- y obligará a convocar un nuevo concurso.

Desde la oposición justificaron su postura por su apuesta en la remunicipalización del servicio o en laconvocatoria de un nuevo concurso que mejore las condiciones actuales, rebajando así los 70.000 euros que aporta cada año el concello en concepto de mantenimiento. La primera de las opciones fue descartada por el gobierno local al asegurar que es "inviable", como avalan los informes de secretaría e intervención, debido a la "ley Montoro" que les impide contratar personal. Así lo explicó durante la sesión plenaria la portavoz popular, María del Carmen Amoedo, que señaló que los servicios técnicos descartan esta opción "por los límites que impone la ley a los ayuntamientos a la hora de contratar personal", y porque el Concello "carece de los medios personales y técnicos necesarios" para asumir la gestión de un centro deportivo de esas características. La edil del PP puso de relieve que se trataba de una "herencia" del anterior bipartito -PSOE y BNG- en la que se invirtieron 4,5 millones de euros y que fue difícil poner en funcionamiento por la falta de interés por parte de las empresas ante importantes deficiencias que presentaba. "Ahora se queda con un futuro incierto y con 18 trabajadores en el aire", apuntó la edil.

Desde la oposición reprocharon a los responsables municipales que utilizaran el futuro de los empleados para intentar amedrentarles, y descartaron cualquier riesgo para los trabajadores puesto que una de las obligaciones para el futuro contratista sería el mantenimiento de todo el personal. Así, pusieron como ejemplo el caso del contrato de limpieza de los edificios municipales, en el que la nueva empresa tuvo que subrogar a los empleados.

Las distintas formaciones también consideraron que el nuevo contrato sería una oportunidad para negociar unas condiciones más ventajosas para el Concello, ya que creen abusivo que las arcas municipales tengan que asumir una parte de los gastos por el consumo de agua, electricidad y biomasa de las instalaciones hasta un máximo de 120.000 euros anuales en función del número de usuarios. Esta cláusula obligó hasta ahora al Ayuntamiento a pagar una media de 70.000 euros al año.

Además desde el PSOE señalaron que la concesionaria no está cumpliendo con todas sus obligaciones en el mantenimiento de las instalaciones, y considera que el nuevo contrato también puede ser beneficioso para los usuarios ya que se puede exigir un horario de apertura más amplio que incluya el mediodía y los fines de semana.

Desde AER, por su parte, abogaron por una cooperativa para la explotación de la piscina e invitaron al gobierno local a explorar nuevas fórmulas de gestión.