La puesta en marcha del centro de día de Redondela será una realidad cuatro años después de su construcción. El gobierno local -en minoría- consiguió ayer aprobar el convenio para gestionar y financiar este servicio gracias al apoyo del único edil del BNG, que le permitió que el punto saliera adelante con el voto de calidad del alcalde, Javier Bas. El PSOE y AER se posicionaron en contra y la edil no adscrita, Raquel Quintáns, se abstuvo en la votación.

Pese al apoyo, el concejal nacionalista Xoán Carlos González reconoció en su intervención que se trataba de un convenio "en precario" e "insatisfactorio", aunque justificó su apoyo por la necesidad de dotar de este servicio al municipio después de tantos años de espera.

El convenio del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar contempla arrancar el centro de día a medio gas, ya que el servicio se limitará a tan solo a 20 usuarios y solo en atención diurna y no residencial, cuando las instalaciones disponen de capacidad para 51 pacientes y está dotado de habitaciones y camas preparadas para que los usuarios puedan pernoctar. Esta fue una de las principales críticas de todos los grupos de la oposición, así como que se contemple el pago por parte del Concello redondelano de 2.500 euros anuales por cada una de las plazas ocupadas por personas empadronadas en el municipio.

Esta cuota, según establece el convenio, corresponde a la obligación del Ayuntamiento a contribuir con la financiación de los gastos de funcionamiento del centro durante el periodo de vigencia del contrato. La concesión tendrá una duración de cuatro años, prorrogables por otros cuatro entre ambas partes.

Todos los grupos de la oposición calificaron de "injusto" que las arcas municipales tengan que sufragar el pago una parte del gasto de los usuarios locales, mientras que el de los otros municipios será financiado por la Xunta. "Esto es un servicio público de carácter autonómico y debe ser asumido con independencia del municipio en el que se ubique el centro. Si no se está cometiendo un agravio comparativo", señaló la edil socialista Digna Rivas, que también criticó que no se ofrezca atención residencial y que no se generen puestos de trabajo para los redondelanos, "ya que estará atendido por el personal ya contratado de Cogami".

En la misma línea se mostró el portavoz de AER, Ricardo Figueroa, que rechazó que el Concello "tenga que asumir competencias que le corresponden a la Xunta".

Por otra parte, los votos en contra de la oposición impidieron prorrogar durante tres años la concesión de la piscina de Chapela, por lo que el gobierno local tendrá que sacarla de nuevo a concurso.